EL CRONÓMETRO está en marcha y solo quedan dos días para que los políticos puedan inaugurar alocadamente infraestructuras que, en la mayoría de los casos, no entrarán en funcionamiento hasta dentro de unos cuantos meses o años. Pero eso da lo mismo, porque lo que realmente les interesa en este periodo preelectoral es que la ciudadanía crea que durante los últimos cuatro años han hecho algo material, visible y consistente que justifique su sueldo. Tras la publicación en el Boe del decreto de convocatoria de las elecciones municipales del 24 de mayo, se acabó el corte de cintas y, como ya estaba previsto, la semana que hoy finaliza fue un sinvivir de inauguraciones por toda la provincia.
La Diputación, con su presidente, José Ramón Gómez Besteiro, a la cabeza, puso a funcionar toda su artillería pesada y descorrió cortinas inaugurales en las dos primeras residencias de la tercera edad de la red provincial, concretamente las de Castroverde y A Fonsagrada, con las que comienza a verse la luz al final del oscuro túnel, cargado de complicaciones, por el que discurrieron estos proyectos desde que se iniciaron al principio del actual mandato. Las obras continúan a buen ritmo en las otras -Pol, Trabada, Pedrafita, Ribas de Sil y Navia de Suarna-, pero, aunque los centros estén terminados o casi, e incluso con financiación para el equipamiento, no entrarán en funcionamiento por lo menos hasta septiembre, porque los pormenores de su gestión no están concretados, según reconocen en la propia Diputación y admiten los alcaldes. Hacer viables estas instalaciones sin que la Xunta concierte plazas -algo que ya ha dicho la conselleira por activa y por pasiva que no va a pasar- y sin suponer un tremendo gravamen para el erario provincial es más que un reto, es un auténtico marrón que van a tener que solucionar los integrantes del próximo gobierno provincial, algo que, hasta que se celebren las elecciones, es una gran incógnita.
Si los socialistas consiguen mantener la presidencia de la entidad, el equipo que rodea a Besteiro asegura que su sucesor en el trono de San Marcos apostará decididamente por la gestión pública, a través de la Sociedad Urbanística Provincial de Lugo (Suplusa), una empresa creada inicialmente por la Diputación para la construcción y gestión de parques empresariales, que ya dispone de la acreditación de la Xunta para este tipo de actividades.
Pero, la gran pregunta es: ¿cómo va a conseguir la Diputación hacer viables unas instalaciones que requieren inversiones cuantiosas en mantenimiento y personal sin establecer unos precios por estancia demasiado elevados para las pensiones que se cobran en el medio rural lucense?. El equipo de Besteiro dice tenerlo claro, continuarán presionando a la Xunta para que concierte plazas y, de no conseguirlo, están dispuestos a asumir la mayor parte del coste de la residencia de los ancianos como ya hace el Gobierno autonómico. Como ejemplo de que esto es posible, ponen la vivienda comunitaria de Monterroso, gestionada por el Ayuntamiento, en donde los ancianos pagan según sus ingresos y algunos una cantidad meramente simbólica.
Además, en la más pura ortodoxia socialdemócrata, el PSOE alega que estas residencias permitirían la generación de un importante número de puestos de trabajo en el medio rural, donde todavía escasean más que en las ciudades.
En cualquier caso, esta opción, ideal sobre el papel, contrasta con el objetivo, reiteradamente planteado por Besteiro, de librar a la Diputación de competencias que no le corresponden, como la sanidad, algo que se culminó con la transferencia de los hospitales a la Xunta. Ahora, sin embargo, el ente provincial sí que está dispuesto a asumir prestaciones, como los servicios sociales, que, según la legislación, corresponden a las autonomías, alegando que la Xunta está discriminando a la provincia de Lugo e ignora sus necesidades reales.
Y, ¿si los socialistas no revalidan la presidencia y vuelven los populares? Lo más probable es que, siguiendo su tendencia, no apostasen por la gestión pública y recurriesen a la privada, aunque seguro que, entonces, el escenario daría un giro de 180 grados y habría plazas concertadas por parte del Gobierno amigo de la Xunta.
Todo está en el aire, pero lo que está claro es que será el próximo gobierno provincial el que tenga que torear con el morlaco de las residencias y en algunos concellos no se oculta el temor de que al final sean ellos los que paguen el pato y tengan que hacer juegos malabares para mantener unas infraestructuras, necesarias, pero muy caras.
Artículo publicado en la edición impresa del domingo, día 29 de marzo de 2015.
