El presidente de la Diputación abre vías de diálogo con el diputado no adscrito para el presupuesto
MANUEL MARTÍNEZ vuelve a estar de actualidad después de más de un mes en el que el alcalde de Becerreá pasó a un segundo plano, cediendo el protagonismo del culebrón de la Diputación al gobierno bipartito (PSOE-BNG) y al PP, que estuvieron negociando el presupuesto de la entidad para este año durante semanas. Pero, los intentos del equipo que preside el socialista Darío Campos por alcanzar un acuerdo con los populares no han llegado a buen puerto por el momento y el también alcalde de A Pontenova ha decidido abrir nuevas puertas para conseguir la aprobación de unas cuentas sin las que la institución está maniatada.
Por eso, en la última semana ha intentado aproximarse a Martínez, como un plan C, alternativo al consenso con el PP, el plan A, que parece que no funciona, o a la presentación de una moción de confianza, el plan B, con la que se aprobaría en pocos meses el presupuesto de forma automática, pero que tiene detractores, incluso dentro de la junta de gobierno, por la mala imagen política que supone esta reprobación pública.
Fue el propio Campos el que el pasado martes reconoció ante la prensa que mantenía contactos con el diputado no adscrito, pero no dio más detalles porque la negociación se está desarrollando en el más absoluto secreto, de incógnito, a escondidas de miradas indiscretas. A diferencia de lo que hicieron Manuel Martínez y la portavoz del PP, Elena Candia, -que antes del pleno de organización se encontraron para tomar un Aquarius en el área de servicio de la A-6, en O Corgo, y hubo hasta fotografías de un paparazzi aficionado- Campos y Martínez tuvieron un encuentro mucho más discreto el pasado lunes, tan secreto que algunos de los miembros del grupo de gobierno no tenían ni idea de que, de pronto, el que hasta el momento era el enemigo número 1 del PSOE lucense se convertía en una posible opción, en opinión del presidente, para sacarlos del atolladero del presupuesto.
Lo que hablaron en el furtivo encuentro el de Becerreá y el de A Pontenova solo lo saben ellos y sus más íntimos, pero sí ha trascendido que Martínez se mostró dispuesto a llegar a un acuerdo que permita la aprobación del presupuesto, pero no a firmar un cheque en blanco. Al margen de otras cuestiones, el alcalde de Becerreá siempre ha dejado claro que tiene una línea roja en la negociación y es que no está dispuesto a llegar a ningún acuerdo para el presupuesto si en el proyecto no aparece una partida bien concreta y con una consignación considerable para construir una residencia de ancianos con cien plazas en el municipio que regenta.
Con esa condición inexcusable, el bipartito tiene varias opciones para que el no adscrito sume su voto a los doce del PSOE y del BNG, imponiéndose así a la docena que tienen los populares en la corporación y sacando las cuentas adelante. Una de las posibilidades sería como utilizar una máquina del tiempo y retrotraerse al 20 de agosto del año pasado, cuando unos 40 cargos del PSOE se reunieron con Martínez y se firmó un documento por el que el becerrense, que había roto la disciplina de voto, permitiendo la presidencia de Candia durante tres meses, se comprometía a respaldar una moción de censura contra la popular que llevase a Campos al despacho principal de San Marcos. A cambio, reclamaba ser integrado en la junta de gobierno, con competencias en vías y obras y el parque móvil y con dedicación exclusiva. Martínez cumplió su parte, pero el PSOE no y las consecuencias fueron un gobierno en minoría que aguanta varapalo tras varapalo en todos los plenos. El de Becerreá nunca negó que está dispuesto a volver al redil del grupo socialista y del partido, para lo que habría que anular los expedientes que tiene abiertos en Ferraz, pero sería con unas condiciones que, o mucho cambiaron las cosas, o los socios nacionalistas del bipartito no aceptarán. El BNG vetó la presencia de Martínez en la junta de gobierno desde antes de la moción de censura y la actuación de este en los últimos plenos, rechazando por sistema todas las mociones del BNG, no han hecho más que acrecentar la animadversión que desde la formación se siente hacia el regidor becerrense y que se suma a la que subyace en las propias filas socialistas.
Hay otras posibilidades para llegar a un acuerdo. Con la residencia como requisito imprescindible, el becerrense tiene varias reclamaciones que el bipartito podría conceder para conseguir su apoyo a los presupuestos. Para empezar, está la opción de reconocerle sus derechos como grupo no adscrito, lo que implica medios materiales (despacho incluido) y humanos para desarrollar su labor, sin olvidarse de la asignación económica que le corresponde a cada uno de los grupos que constituyen la corporación provincial.
Pero, plantease lo que plantease Martínez a Campos en su encuentro en la trastienda, el no adscrito parece poco dispuesto a modificar la postura que mantuvo desde un principio y si no vuelve al grupo provincial socialista y al PSOE por la puerta grande, con las condiciones que lleva reclamando desde hace meses, se reservaría el derecho a seguir votando según su criterio personal. Podría respaldar algunas de las enmiendas que se presentaran en el pleno al presupuesto del bipartito, siempre que no fuesen a la totalidad, y rechazar otras, aunque al final acabase apoyando las cuentas, con esa condición de que incluyan la residencia de Becerreá.
El diálogo con el no adscrito está abierto, pero todo indica que las posibilidades de acuerdo son más bien remotas, por lo que a Campos no le va a quedar más remedio que insistir en el plan A, es decir, en llegar al consenso con los populares. Parece que las posturas de ambos no son tan opuestas y la mesa de negociaciones puede quedar más despejada tras la celebración hoy del congreso del PP provincial, en el que Candia se enfrenta a la delegada territorial de la Xunta, Raquel Arias, por la presidencia del partido. Este cónclave condicionó la actuación de la portavoz popular en relación con el presupuesto provincial, porque lo apoyase o lo rechazase podría crearse enemistades innecesarias entre los que hoy tienen que votar y era mejor esperar antes de tomar una decisión, pero las cuentas de la entidad no fueron lo único en lo que influyó. En el último pleno, hubo un detalle que pasó inadvertido, porque el punto del orden del día se resolvió sin debate. Por sorpresa, los populares votaron a favor de la relación de puestos de trabajo (RPT) que propuso el gobierno y a la que reiteradamente se habían opuesto por considerarla ilegal y porque decían que beneficiaba a funcionarios muy concretos. Nadie explicó oficialmente este cambio de postura, pero hay quien dice que fue un guiño de Candia a los denominados afiliados durmientes, que no son otros que un centenar de trabajadores de la entidad que entraron en la Diputación en la época de Cacharro, con el carné del partido como requisito imprescindible, y que tras la defenestración de este siguieron en el PP, pero no estaban al día en el pago de las cuotas, porque ya no participaban en nada relacionado con la formación. La RPT aprobada por el pleno beneficia especialmente a los trabajadores con ingresos inferiores a los 24.000 euros, precisamente el grupo en el que se encuadra la mayoría de estos afiliados durmientes.
