Opinión

La Diputación, a la deriva

ESPERPENTO: "Concepción literaria creada por Ramón María del Valle-Inclán, hacia 1920, en la que se deforma la realidad acentuando sus rasgos grotescos". Esta es la definición de la Real Academia Española para esta palabra, que se ha convertido ya en parte de los titulares de prensa de los plenos de la Diputación de Lugo, una situación, no novelada sino desgraciadamente real, pero de igual forma patética, que se viene produciendo sesión tras sesión, pero que en la última reunión alcanzó unos niveles que justifican el término de esperpéntico, grotesco o bochornoso. La corporación acabó votando unánimemente contra el POS que presentó el bipartito, este incluido, un dislate que demuestra que la institución está navegando a la deriva, con un ejecutivo, presidido por el alcalde de A Pontenova, Darío Campos, que no es capaz de asumir que está en minoría, y una oposición, la pinza entre el PP y el diputado no adscrito y regidor de Becerreá, Manuel Martínez, que, como suma un diputado más, no solo quiere ejercer su función de fiscalización, sino que pretende aprovechar su ventaja para tomar todas las decisiones y usar a socialistas y a nacionalistas como meros ejecutores de sus intereses. 

El equipo que preside Campos va de revolcón en revolcón cada vez que se enfrenta al pleno y parece que no aprende. En lugar de asegurarse, con conversaciones que acaben en acuerdos concretos y no en brindis al sol, los votos necesarios antes de presentar un proyecto a la corporación, va a las bravas, con el único argumento de que los grupos de la oposición tendrán que explicar el sentido de su voto, convencido de que los ciudadanos los van a ver como los culpables de que la Diputación no funcione, y sale escaldado de manera inexorable. Al margen de esta estrategia –que está claro que no funciona, porque PP y Martínez no se inmutan–, el único recurso que parece tener el bipartito es la continua búsqueda de estratagemas legales para parar a la oposición y que suelen acabar en un cristo, como ocurrió con la negativa de Campos a debatir las enmiendas a los presupuestos, lo que cabreó sobremanera a la oposición por ser una medida poco o nada democrática. El resultado es que consiguió aprobar las cuentas provisionalmente, pero no puede ejecutarlas porque las alegaciones presentadas por la oposición (que son idénticas a las enmiendas no debatidas) las tienen paralizadas. Es decir, la Diputación sigue igual de maniatada. 

Por su parte, la postura del PP es difícilmente comprensible. Su portavoz, Elena Candia, proclamó a los cuatro vientos que habían permitido, con su ausencia del pleno, la aprobación de las cuentas por sentido de la responsabilidad, consciente de que la parálisis de la entidad estaba repercutiendo negativamente en toda la provincia. Ahora, sin embargo, con las alegaciones, impide que se ejecuten las obras, una buena parte de las cuales están programadas en ayuntamientos del PP y suman una elevada cantidad de millones. No es que quiera que los proyectos queden en agua de borrajas, ni mucho menos, pero pretende, con el respaldo de Martínez, controlar las bases de ejecución del presupuesto y con ellas cualquier remodelación, por pequeña que sea, que se produzca, además de exigir el control plenario sobre prácticamente todas las subvenciones que se concedan. 

En cuanto al no adscrito, su postura es la misma desde el principio. El bipartito lo tiene vetado, no se fía de su palabra y, aunque ha tenido algún contacto infructuoso para negociar los presupuestos, no parece un interlocutor válido. El principal objetivo del gobierno es marginarlo en la corporación, que no pinte nada, y él se mantiene en sus trece, enrocado en una situación que no tiene solución y dispuesto a tocar la moral todo lo que pueda, alterando tanto al presidente que ya comienza a ser habitual que lo eche o amenace con echarlo de todas las reuniones. El también alcalde de Becerreá parece que, tras todo lo ocurrido, solo pretende dejar de su paso por la Diputación una residencia en su municipio y que el resto le trae sin cuidado. 

La nave de San Marcos va a la deriva en un mar proceloso y todos los tripulantes, ante el peligro de naufragio que corre el buque provincial, deberían meditar sobre su comportamiento, por una vez dejar a un lado partidismos e intereses particulares, y encontrar una forma de que la nave fije su rumbo. Los 67 concellos y la red asociativa vecinal, que dependen financieramente de la entidad, lo exigen, ya que, si no se toman medidas, el buque de San Marcos va a encallar en los arrecifes y a pasar en dique seco todo el mandato.

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