Los doce meses de mandato en la Diputación han sido polémicos y estériles para Lugo
EL PASADO VIERNES se cumplió un año desde que la popular Elena Candia se convirtió por sorpresa en presidenta de la Diputación de Lugo, tras un esperpéntico pleno en el que la guerra interna del PSOE posibilitó el acceso de la alcaldesa de Mondoñedo al sillón principal del auditorio de San Marcos. Comenzaba entonces un mandato que ya cuenta con dos presidentes y que ha estado cargado de despropósitos y polémica para todos los gustos, con tintes de culebrón interminable y totalmente estéril para la provincia. Durante los últimos doce meses, la institución provincial ha estado prácticamente paralizada, sobre todo desde principios de año, ante la incapacidad del gobierno del socialista Darío Campos para llegar a acuerdos y aprobar los presupuestos.
El periodo de Elena Candia en la presidencia de la Diputación, entre junio y octubre del año pasado, estuvo marcado por la interinidad, consciente la dirigente popular de que, tarde o temprano, el diputado díscolo del PSOE y alcalde de Becerreá, Manuel Martínez, que rompiendo la disciplina de voto la aupó a la presidencia, iba a acabar cediendo y respaldando una moción de censura que llevase al bipartito (PSOE-BNG) al gobierno provincial. Fueron solo tres meses, pero la popular supo aprovecharlos de lo lindo para ganarse muchas simpatías entre sus compañeros de filas y para beneficiar a los ayuntamientos de su mismo color político con la firma de unos convenios millonarios.
Mientras la mindoniense ejercía el cargo y obtenía un rendimiento político que posteriormente la llevaría a liderar el PP lucense, los socialistas tardaron tres meses en convencer a Martínez para que renunciase a sus aspiraciones a presidir la institución y respaldase una moción de censura que despachase a Candia del despacho principal de San Marcos. Lo lograron a principios de octubre y el alcalde de A Pontenova, Darío Campos, ocupó la presidencia, pero el problema no se había solucionado, porque el veto de los nacionalistas a que el becerrense formase parte de la junta de gobierno acabó con Martínez como diputado no adscrito y dejó un gobierno en minoría atado de pies y manos.
Y de aquellos polvos, estos lodos, porque mediado el año, la Diputación sigue sin presupuesto y el dislate continúa instalado en el palacio de San Marcos como si de un mal endémico se tratase. El próximo capítulo del culebrón se emitirá mañana [lunes], día de resaca electoral, pero jornada maratoniana con dos sesiones plenarias en el auditorio de San Marcos para debatir unos presupuestos que, como ya ocurrió en otra ocasión, llegan sin la seguridad de que sean aprobados.
A Campos y a Candia les costó muchos meses llegar a un pacto definitivo sobre las cuentas provinciales, pero, cuando ya había fumata blanca e incluso un documento firmado, surge un inconveniente inesperado, la negativa del BNG a ratificar el acuerdo entre sus socios de gobierno y los populares. Los nacionalistas se niegan a modificar el reglamento interno de la entidad, concediéndole más competencias a la oposición, y no ocultan que, si esta situación se produce, sería el final de un pacto que mantiene el gobierno de la Diputación desde 2007.
En este capítulo, el lío es morrocotudo y el suspense parece que va a estar asegurado hasta el final, haya uno o dos plenos consecutivos. Si no hay un acuerdo de última hora que satisfaga las reclamaciones del BNG y permita una aprobación del presupuesto, posibilidad que nadie descarta, el panorama sería muy complicado para los socialistas. En el caso de cumplir lo pactado con el PP, el bipartito estaría herido de muerte, sino fallecido de infarto fulminante en el mismo auditorio de San Marcos. Si, por el contrario, Campos cede ante las presiones de sus socios de gobierno, su palabra, incluso cuando se plasma en un documento, quedaría en entredicho y no sería la primera vez, porque ya se puso en duda con el escrito firmado por los diputados socialistas asegurando que Martínez sería miembro de la junta de gobierno.
El dilema es complicado y solo un acuerdo de última hora podría salvar a la Diputación, y con ella a los ayuntamientos pequeños, la red asociativa y una parte importante del tejido empresarial, de la situación de parálisis en la que se encuentra, evitando un capítulo más del disparate en el que se ha convertido.
* Artículo publicado en la edición impresa de El Progreso el día 26/07/2016
