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Miguel Olarte

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La abdicación del Estado

PONGAMOS QUE esto va de una banda criminal organizada asentada en nuestro país. Perfectamente podría ser rusa, ahora que los rusos vuelven a ser los malvados de moda, con las habituales conexiones internacionales y exmiembros de la KGB y del Ejército postsoviético como sicarios. Con las actividades típicas del sector: tráfico de drogas, de armas y de mujeres, prostitución, extorsión, robo, fraude, blanqueo de capitales... lo imprescindible en un negocio cada vez más exigente. Y los inevitables daños colaterales asociados al correcto funcionamiento: asesinatos, secuestros, palizas, amenazas, alguna tortura salida de madre cuando hay que enviar un mensaje, tal vez algún desmembramiento ocasional... Vamos, lo normal; solo negocios, nada personal.

Pongamos que después de muchos años de esfuerzos, investigaciones y algún chivatazo afortunado, la Policía consigue al final poner contra las cuerdas a la banda y reunir las pruebas suficientes como para acusarles de un buen montón de delitos. Con todos los agentes y los dispositivos listos para salir como lobos a por ellos, ponen las pruebas encima de la mesa del Director General de la Policía, pero a este resulta que en ese momento no le viene bien. Ahora es un lío, les dice, con el montón de gastos que tenemos, de dónde saco yo para la gasolina y los chalecos y tanta bala y las dietas... Me van a poner el grito en el cielo.

Total, que decide lo que cualquier persona sensata en su lugar: mejor si hablamos con ellos, que serán criminales pero no tontos, y también tendrán su corazoncito, que nos den una pequeña parte del dinero que han ganado, que nos va a venir de perlas para el departamento, y aquí paz y después gloria. Eso sí, las cosas hay que hacerlas bien: por escrito, con ley y orden, y firmadas en el Ministerio del Interior, que se vea que no hay trampa ni cartón.

Los efectos del delito fiscal son igual de repugnantes que los de cualquier otra banda de delincuentes


Por lo que sea, que hay gente para todo, a alguien no le parece muy católica la cosa y para salir de dudas los denuncia a todos ante la Justicia, más que nada por tener una segunda opinión. El tribunal se toma su tiempo porque le van surgiendo cosas y causas, que si un comunicado en catalán, que si unas conferencias en la escuela de verano de la Faes, que si un Erasmus judicial en Guatemala... El caso es que cuatro años se van sin sentirlos, pero a cambio, para acallar a los lloricas, la sentencia es de una contundencia y una claridad desacostumbradas: lo de firmar el acuerdo de impunidad en el ministerio ha sido una sobrada innecesaria, dice de entrada, pero además el acuerdo en sí supone que los principales responsables de luchar contra el crimen han adoptado "medidas que, en lugar de servir a la lucha contra el delito, se aprovechan del mismo so pretexto de la obtención de unos ingresos que se consideran imprescindibles ante un escenario de grave crisis económica, supone la abdicación del Estado ante su obligación de hacer efectivo el deber de todos de concurrir al sostenimiento de los gastos públicos".

Quedaba, no obstante, un pequeño asuntillo sin importancia. Los jueces tuvieron la suficiente diligencia, porque para eso son estudiados, como para retrasar la sentencia el tiempo necesario para que mientras tanto la mayoría de los delitos no investigados prescribiesen y los criminales que no hubieran podido arreglar se diesen el piro. Ya se sabe que una cosa es lo justo y otra muy diferente la Justicia, no hay que confundir.

Así las cosas, de los señalados indubitadamente como delincuentes por la sentencia solo quedaba al alcance de sus efectos el Director General de la Policía. Pero, como en cualquier país serio, que los jueces te consideren directamente responsable de "la abdicación del Estado" de su deber de perseguir delitos no es considerado por el señor director ni por sus superiores motivo suficiente no ya para ir a prisión, sino ni siquiera para presentar la dimisión. Y ahí sigue, al frente de la Policía.

Pues esto que puede parecer tan descabellado es lo que ha sucedido exactamente con la sentencia del Tribunal Constitucional contra la amnistía fiscal aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy y ejecutada por su sicario de Hacienda, Cristóbal Montoro.

El delito fiscal, y esto es algo que parece que los españoles no acabamos de entender, está recogido, descrito y penado en el mismo Código Penal que el resto de los delitos aquí reseñados. Esos evasores sacaron del país el dinero que no era suyo, sino de todos, recurriendo a bandas creadas y organizadas para el delito. Y los efectos de ese delito son igual de repugnantes que los de cualquier otra banda de delincuentes: enfermos que han muerto porque el dinero para la investigación o el tratamiento de sus enfermedades estaba en cuentas suizas; el futuro de muchos jóvenes truncado para siempre porque no pudieron pagar una educación que debería ser pública; cadáveres en las cunetas porque no hubo suficiente para invertir en el seguridad y mantenimiento de las carreteras; miles de niños acostándose cada día con hambre porque los servicios sociales no pueden cubrir sus necesidades mínimas.

Y los principales responsables , según el poco sospechoso de radicalidad Tribunal Constitucional, son Montoro y Rajoy. Y lo peor es que ni siquiera ha servido de nada, solo para convertirnos en un Estado que ha abdicado de lo único que le quedaba, su dignidad.

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