Del ahorro al botín

Tras la intervención improvisada desde Europa en el Banco Popular, a los pequeños inversores solo les queda el camino del juzgado. Bankia, Pescanova, Novagalicia... Los accionistas minoritarios, ajenos a quiebras que se ocultan, se llevan la peor parte
Una sucursal del Banco Popular
photo_camera Una sucursal del Banco Popular

SON LOS ÚLTIMOS de la fila. La crisis ha demostrado que los accionistas minoritarios, cientos en unos casos y miles en otros, acaban pagando errores de gestión de grandes empresas y bancos, víctimas de decisiones que en muchos casos se convierten en huidas hacia adelante, minimizadas por los auditores, edulcoradas por los supervisores y reguladores e ignoradas por la clase política hasta que no queda más remedio que admitir unos problemas que estallan en la cara de esos pequeños inversores. La crisis del Banco Popular es el paradigma, por su impacto y número de afectados, más de 300.000 pequeños inversores que han perdido su dinero. Pero el reguero que deja la crisis es muy largo.

Puede cambiar el decorado y los protagonistas, pero el andamiaje presenta las mismas debilidades en todos los casos. El inicio de la crisis trajo consigo una reforma de la Ley Concursal y la multiplicación de los juzgados de lo Mercantil. Desde entonces, han mudado las formas. Y llegamos, en palabras de Manuel Conthe, expresidente de la tan cuestionada Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), a "un profundo cambio". "Salvo que sea muy pequeño y sencillo, no resulta aconsejable aplicar a un banco insolvente el lento procedimiento concursal ordinario: hay que aplicar un procedimiento especial más rápido y expeditivo (denominado "resolución") gestionado no por un juez, sino por una autoridad administrativa especializada", explica Conthe. En España, el encargado es el Fondo de Restructuración Ordenada Bancaria, apéndice ahora de las autoridades monetarias europeas. Del juez se pasa directamente al Estado. Sin quitas. Ese ha sido el camino del Popular, dueño del Pastor. Y en tiempo récord. En una noche.

Banco Popular: la improvisación multiplica los daños
Hasta el propio Luis de Guindos lo reconoció. Estaba prevista una actuación de intervención y posterior venta del Popular en 48 horas, pero se realizó en tan solo doce. El ministro de Economía valoró la rapidez de la actuación del mecanismo europeo en su estreno, evitando contagios, asegurando depósitos y evitando inyecciones de dinero público. El mantra se repetía entre sus subordinados. Sin embargo, el propio Guindos, tras una reunión del Eurogrupo para valorar la operación, reconoció enigmático y sin ofrecer más detalles que "hay que buscar instrumentos para dotar de liquidez al fondo de resolución". ¿Estaba pensando el ministro en los pequeños accionistas, los minoritarios? Todo parece indicar que sí. Sin embargo, nada más se ha vuelto a saber sobre este asunto.

De la importancia de ese instrumento al que aludió un balbuceante De Guindos depende el futuro del dinero invertido para nada menos que nueve de cada diez accionistas del Popular. Son números de Adicae, la asociación de usuarios de bancos y cajas. Con datos del propio banco, la organización calcula que al cierre de 2016 un total de 230.278 accionistas de la entidad (casi un 76% del total) tenían menos de 4.000 títulos cada uno, y 289.566 mantenían carteras de menos de 10.000 acciones, el 90 % del total.

¿Y qué diferencia a un pequeño de un gran accionista en la crisis del Popular? Pues, al margen del dinero invertido, y como en todas las quiebras empresariales súbitas, la asimetría de información se presenta como el factor determinante. Por ejemplo, para tomar decisiones. Es precisamente el acceso a la información lo que hace más vulnerable a un pequeño accionista frente a un fondo de inversión. Y sin llegar al extremo de Blackrock. La mayor gestora de fondos del mundo, a la sazón accionista del referencia del Santander, redujo su participación del 4% al 1,7% en el Popular una semana antes de la debacle. La información privilegiada, tan perseguida en EE.UU. y tan contemplada en Europa, es otro de los ejes del caso que despierta especial desasosiego. Sin embargo, parece obvio que, sin llegar a ese extremo, el acceso a la información de cualquier pequeño accionista está a años luz de los grandes fondos. Y la espita que se abre no es menor. El norteamericano Joseph Stiglitz recibió el Nobel de Economía por teorizar sobre el asunto. "La información asimétrica", sostenía, "conduce a fallos de mercado".

Pero lo que menos falta hace ahora a los accionistas del Popular son teorías. Las promesas del Santander van, hasta el momento, exclusivamente dirigidas a aquellos inversores que fueran también clientes del banco comprado por un euro y que tuvieran en el Popular sus depósitos, por ejemplo. En otras palabras, Ana Patricia Botín buscará soluciones para los accionistas-clientes. Nada más. Del resto, a buen seguro se encargarán los tribunales. El dilema residirá en a quién apuntar: ¿reguladores del BCE o del Banco de España y FROB? ¿Gestores del Santander o del Popular?

Bankia: cuando lo que falla es todo el sistema
La crisis del Popular viene precedida de otra embestida de alcance. Se trata de Bankia. Caso aparte. Crimen perfecto. Todas las tonalidades en una, el negro. Y de nuevo un presunto fraude en la salida a Bolsa en plena crisis de lo que en su día fueron boyantes cajas de ahorros, lideradas por Caja Madrid, con Bancaja y otras cinco entidades más. Todo vino precedido de una fusión forzada, teledirigida desde el ámbito político, al tratarse de cajas de ahorros en apuros, que aupó a su presidencia a quien había sido nada menos que responsable del milagro económico de los gobiernos de Aznar. Rodrigo Rato era el elegido.

Bankia debutó en Bolsa en julio de 2011. Un año después, con su cotización en mínimos, los accionistas que habían acudido a aquella oferta (OPV) perdieron un 83% de lo invertido. Dicho de otro modo, los 400.000 accionistas que apoyaron la salida a Bolsa habían visto esfumarse 5.200 millones en capitalización bursátil en el verano de 2012. Para entonces ya había dimitido Rodrigo Rato y se había consumado la intervención estatal. La espiral de problemas para la entidad no había hecho más que comenzar.

En el tramo minorista, nada menos que el 60% de la colocación, el banco recurrió al tirón que suponía la red comercial, con más de 4.200 oficinas. ¿Recuerda algo esto a la crisis del Popular y su última ampliación de capital? La inversión media para los pequeños accionistas de Bankia se situó entre los 5.000 y los 6.000 euros. La bola de las mentiras había empezado entonces a rodar, hasta que hicieron falta, en total, y según datos del reciente balance del Banco de España, más de 24.700 millones de capital para tapar sus agujeros.

El libro de instrucciones para agitar definitivamente el cóctel de las irregularidades de Bankia había sido el folleto de salida a Bolsa, una profusa radiografía de la entidad que se reveló plagada de tachas que acabaron en la Audiencia Nacional. Cinco años después, es el mismo FROB, el Estado, quien apunta a Rato, y solicita para el expresidente hasta cinco años de cárcel por un delito de estafa. ¿El motivo? Su "especial responsabilidad en que la salida a Bolsa se ejecutara sustrayendo a los inversores la información esencial acerca de la verdadera situación patrimonial de Bankia y su inviabilidad". Finalmente, hicieron falta 18.000 millones en ayudas públicas, el récord en toda la crisis, para sanear Bankia. Hoy cotiza en Bolsa, pero el Estado sigue como accionista mayoritario, a la espera de recuperar parte de lo inyectado a través ventas de acciones.

Pescanova: los minoritarios fueron y son lo de menos
Otra de presuntos piratas. Y de nuevo con la Bolsa por testigo. Esta vez una empresa gallega con un negocio viable, como demuestra ahora la banca, propietaria en casi un 80% de su capital. Fue un puntual problema de liquidez, cuando los bancos dejaron de descontar papel, lo que llevó a una revuelta en el consejo de administración de la Pescanova de Manuel Fernández de Sousa-Faro, su histórico presidente. Ese incidente, con la CNMV como testigo mudo, llevó a la multinacional viguesa al concurso de acreedores. Una auditoría forensic encargada por el propio Fernández de Sousa sirvió para apuntillar su gestión, hoy en día en lenta fase de instrucción en la Audiencia Nacional.

Por el camino de Pescanova quedaron atrapados hasta 9.000 accionistas minoritarios, que vieron cómo se suspendía la cotización cuando el derrumbe del valor era ya un hecho. Sucedió en 2013, y ahora, cuatro años después, lo que cotiza en Bolsa es una pequeña parte de la empresa, una sociedad de cartera que apenas retiene el 1,7% del capital, cuando antes de la ampliación suscrita por los bancos, este mismo año, era del 20%. El castigo, en este caso, no solo ha sido para los minoritarios. También para accionistas significativos, con el expresidente Fernández de Sousa entre ellos.

Novagalicia y Banco Gallego: duras "operaciones acordeón"
Galicia también ha sido testigo en esta crisis de otras operaciones que se han llevado por delante millones de euros invertidos en entidades financieras. No eran accionistas irrelevantes, se trataba de empresarios, que pusieron su dinero, por ejemplo, en la Novagalicia de José María Castellano, con la promesa de crear un núcleo estable accionarial. En concreto, 70 millones para hacerse con un 2,6% de la entidad antes de que una operación acordeón (reducción de capital a cero y posterior ampliación) acabara con el sueño. El rodillo del FROB llegó tras destaparse unos estados contables nada claros. La misma operación en el Banco Gallego sirvió para desalojar a sus accionistas históricos. En ambos casos, los tribunales reescribirán la historia.

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