Los pensionistas superan a los cotizantes en el 53% de los ayuntamientos

El mecanismo de caja única de la Seguridad Social y la solidaridad regional que esta semana volvió a defender el Gobierno frente a las aspiraciones vascas de gestionar la recaudación de las cotizaciones constituyen los cimientos de un sistema público de pensiones que tiene en el envejecimiento y en la creación de empleo los principales desafíos para su sostenibilidad. Tanto es así que, si cada comunidad tuviese que hacer frente a las prestaciones contributivas con los ingresos de las cuotas que pagan trabajadores y empresas, al cierre de 2016 solo estarían en condiciones de hacerlo Canarias, Madrid y Baleares, los únicos territorios en los que se recauda más de lo que supondría el gasto, según el balance provisional de la Seguridad Social.

En Galicia, las cuotas sociales solo darían para cubrir el 60% de la nómina anual de las pensiones. Y es que el año pasado la Seguridad Social recaudó entre los afiliados gallegos 4.411 millones, en tanto que el abono de las pagas de invalidez, jubilación, viudedad, orfandad y en favor de familiares consumió unos 7.342 millones.

Es una de las consecuencias de una población activa que se desangra, pues desde el inicio de la década Galicia perdió unas 59.000 personas mayores de 16 años que trabajaban o estaban en disposición de hacerlo por efecto del envejecimiento y de la emigración motivada por una economía escasamente competitiva.

Con esta problemática de fondo, al cierre de 2016 un total de 167 concellos tenían ya más beneficiarios de prestaciones contributivas que cotizantes, esto es, el 53% del total. El desequilibrio crece año a año, pues en 2011 se contaban 157 municipios con más pensionistas que contribuyentes.

En un sistema de reparto como el español —en el cual las cuotas que salen de los salarios financian las prestaciones del momento— estas cifras se traducen en que Galicia apenas cuenta con 1,4 trabajadores por cada pensionista. En España la tasa se sitúa en 2,1, cuando lo óptimo para blindar la viabilidad del sistema sería contar con al menos tres contribuyentes por beneficiario de una paga. En los inicios de la crisis, en 2007, la relación era de 2,5 a uno.

En ausencia de medidas tendentes a fijar y captar habitantes, las proyecciones indican que las tensiones se acrecentarán pues, mientras hoy los mayores de 67 años suponen alrededor del 17% de la población española, en 2047 su peso rondará el 32%.

Junto con unos ingresos que acusan el efecto de unos salarios diezmados por el empleo temporal y a tiempo parcial, el envejecimiento es uno de los retos a los que deberá responder la reforma en la que desde noviembre trabaja la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo. Su cometido es garantizar la sostenibilidad del sistema público después de que los cambios operados en 2011 y 2013 por PSOE y PP resultasen insuficientes. Estas reformas supusieron retrasar a los 67 años la edad de retiro, elevar la base de cálculo de la prestación de 15 a 25 años, desligar la actualización de las pagas del IPC e implantar el factor de sostenibilidad. Este último cambio supondrá que a partir de 2019 se revisará periódicamente la evolución de la esperanza de vida para calcular las nuevas pensiones, lo que anticipa una reducción de las prestaciones.

Uno de los principales puntos de fricción que ralentizan el debate político es precisamente la pérdida de poder adquisitivo que ha supuesto la aplicación del índice de revalorización vinculado a la salud de las cuentas de la Seguridad Social, lo que se ha traducido en subidas mínimas del 0,25% desde 2014. Mientras PP y Cs se muestran abiertos a cambios siempre que no comprometan más las cuentas del instituto público —que en 2016 arrojaron un déficit de 18.000 millones—, PSOE y Podemos abogan por volver a actualizar las pagas en base a la evolución de los precios.

FUENTES DE INGRESOS. Hasta el momento, el debate sigue escorado del lado del control del gasto, pues hay consenso en torno a que las bonificaciones y reducciones de cotizaciones se financien con presupuestos, al igual que los gastos de gestión y operativa del instituto público. También hay coincidencia en la pertinencia de revisar los criterios de concesión de las pagas de viudedad y orfandad, que se mantendrán dentro del sistema contributivo.