La revisión catastral, iniciada por el Ministerio de Hacienda en 2013, deberá aplicarse antes del próximo 30 de noviembre en los once concellos lucenses que faltan por actualizar. Se trata de los de Burela, Castroverde, O Incio, Monforte de Lemos, Ourol, Palas de Rei, Pedrafita do Cebreiro, Portomarín, Ribas de Sil, Riotorto y Taboada.
Antes de esa fecha, la Dirección General del Catastro tendrá que tener concluido el trabajo de campo -consistente en la captación de fotografías o supervisiones sobre el terreno- para detectar viviendas o reformas no declaradas y que deben incorporarse a la base de datos de este organismo.
Este proceso de regularización ya ha finalizado en más de medio centenar de municipios de la provincia, lo que ha supuesto la actualización de más de 85.000 inmuebles y una recaudación extra de casi 30 millones de euros.
El hecho de que esta actualización tenga una tasa de 60 euros sobre cada bien revisado y que el importe de la regularización tenga carácter retroactivo, por lo que hay que abonar los atrasos e intereses correspondientes, está provocando la protesta de cientos de vecinos de muchos de estos municipios al ver que sus recibos del Ibi se han incrementado notablemente.
Para paliar en la medida de lo posible este mayor esfuerzo económico que supone la subida del Ibi para los propietarios, muchos municipios han acordado bajar el gravamen de este impuesto, hasta llegar en algunos casos al mínimo permitido por el Gobierno central del 0,40. En otros casos, algunos gobiernos locales han contratado expertos para asesorar a los vecinos sobre el modo de presentar las alegaciones y otros municipios, como el de Castroverde, se han anticipado a la revisión catastral del Gobierno, impulsado una propia con el fin de poder ahorrar a los propietarios esa tasa de 60 euros.
Tampoco faltan las protestas de otros regidores, como el de Pedrafita do Cebreiro, José Luis Raposo, que ve excesiva una nueva revisión este año «cando a última se fixo en 2011».
Pero a pesar de estas medidas, la realidad es que el conocido como catastrazo está causando polémicas como las del pasado martes en Pantón, en la que el alcalde llegó a decir que apoyó una moción del BNG para paralizar el cobro de los recibos del Ibi al sentirse «ameazado» por un grupo de vecinos.
Diputación. Aunque es el Catrasto el que establece el importe del Ibi que debe pagar cada propietario, son los ayuntamientos o la Diputación, en el caso de que estos tengan delegadas en esta entidad las competencias de cobro de recibos, los que se encargan de enviar las liquidaciones a los vecinos.
En el caso de Lugo, la entidad provincial se encarga de tramitar el cobro del Ibi en 62 de los 67 ayuntamientos de la provincia, aunque como aclara la diputada del área de economía, Mayra García, «esta entidade só se encarga de pasar o recibo coa cantidade que marca o Goberno central e eses cartos son para cada concello, nunca para a Diputación».
Además, según explica, esta entidad garantiza la liquidez de estos ayuntamientos «adiantándolles mes a mes» la recaudación de estos impuestos locales, lo que supone unos 40 millones de euros anuales para las arcas de la institución provincial.
