El Concello de Lugo pagó cuarenta millones desde 2015 en facturas dudosas

El elevado número de servicios y suministros que el Concello abona a empresas que no tienen contrato en vigor provocó en los últimos tres años que se hubiesen pagado más de 40 millones de euros en facturas con reparos de legalidad del interventor. Estos pagos fueron finalmente autorizados bien porque desde la alcaldía se levantó mediante decreto los reparos, que suele ser la fórmula más común, o porque el pleno autorizó un reconocimiento extrajudicial de crédito debido a que se trataba de facturas atrasadas correspondientes a ejercicios anteriores.

En ambos casos, en los últimos años se han registrado aumentos en las cifras abonadas, debido sobre todo al incremento del número de contratos caducados, que, según un estudio elaborado por el grupo municipal de Ciudadanos, son 35 en la actualidad. Así, en el año 2015, en el que hasta mitad de año estaba al frente de la alcaldía José López Orozco, el Concello abonó 11,1 millones de euros en facturas con reparos, de los que 9,6 millones correspondieron a reparos levantados desde la alcaldía y 1,4 a reconocimientos de crédito aprobados en cuatro sesiones plenarias. Ese año el mayor importe pagado fue el último autorizado, en este caso ya por la alcaldesa Lara Méndez, por importe total de 1.511.621 euros.

En 2016, las cifras volvieron a aumentar y a final de año se habían abonado 15,9 millones en facturas de dudosa legalidad. Al igual que había ocurrido en 2015, la mayorías de los abonos correspondían a consumos energéticos, aunque también recibieron reparos del interventor los abonos por el proyecto modificado de la cárcel vieja o por gastos de la concejalía de cultura para la organización del Arde Lucus. Además, del montante total, 10,2 millones de euros correspondieron a reparos de legalidad levantados por la alcaldesa y 5,7 millones a reconocimientos extraordinarios de crédito aprobados en cinco sesiones plenarias, siendo el más cuantioso el correspondiente al pleno de octubre, en el que se validaron facturas por importe de 3,4 millones.

Los abonos de dudosa legalidad también se dispararon este año hasta el punto de que hasta diciembre, solo en facturas a las que la alcaldesa levantó los reparos del interventor, se abonaron ya 11,2 millones, según avanzó hace unos días el grupo del PP. Además, en estos meses el pleno autorizó reconocimientos extrajudiciales de crédito por importe de 2,5 millones, no sin polémica de por medio, dado que el grupo popular llegó a bloquear hasta en tres sesiones estos pagos porque alegaba que muchos de ellos eran a empresas que llevaban años con el contrato caducado.