El pasado día 20, el siguiente de la demoledora rueda de prensa del director general, Carlos Mouriz, llegó un requerimiento notarial a las oficinas del CD Lugo, donde, amparándose en que posee más del 5 por ciento de las acciones, Tino Saqués reclama la convocatoria de una junta general extraordinaria de accionistas. Y propone un único punto en el orden del día: «Renovación del consejo de administración y nombramiento de nuevos consejeros».
Mouriz mostró en la citada rueda de prensa su total oposición a la forma en la que se realizó el proceso y también a la llegada del nuevo máximo accionista. Pese a que utilizó las oficinas del club, en el consejo del pasado martesal parecer dijo que había hablado a título personal y no como portavoz de los ocho consejeros que firmaron para la impugnación del proceso. También dijo que los medios habían malinterpretado sus palabras.
Sea como fuere, Saqués las interpretó como un ataque frontal de un consejo que,curiosamente,le ofreció hasta dos veces en los últimos meses un puesto, que siempre rechazó. El pasado martes ese requerimiento no se puso sobre la mesa, pero todo parece indicar que el próximo día 3 de marzo, fecha de celebración del siguiente consejo, sí se debatirá porque hay un plazo de dos meses para convocar la junta que reclama el gerente de Frisaqués, actualmente en Colombia por negocios y que el 10 de marzo dará su versión de los hechos.
La pugna por el control del CD Lugo es ahora mismo una batalla sin cuartel. De un lado, el actual presidente, José Bouso, el director general, Carlos Mouriz, y los otros seis consejeros no políticos de la SAD, que firmaron junto a un centenar de personas en el escrito de impugnación presentado en la Diputación. De otro, Saqués y varios accionistas por ahora en la sombra, que en teoría serán los que optan a ser nuevos consejeros. En el medio, la Diputación y el Concello, que podrían tener un papel aún más determinante cuando se convoque esa junta de accionistas reclamada por Saqués. No hay que olvidar que tienen el 49 por ciento de las acciones y tendrían la llave para nombrar un nuevo consejo antes de la venta definitiva de las acciones al dueño de Frisaqués, la cual podría demorarse más de ese tiempo. Trasla valoración del proyecto deportivo, que se encargará a una empresa externa, tiene que producirse la escritura de la venta y la aprobación del Consejo Superior de Deportes.
No parece que todo esto pueda producirse en menos de un mes y medio. Además, hay otro factor, las impugnaciones, tanto la auspiciada por el actual consejo como otra presentada por el abogado Jacobo Vázquez y que firman alrededor de 300 accionistas. La Diputación tiene un mes para responder que empezó a contar el 16 de febrero. Con toda probabilidad las rechazará y entonces los impugnantes acudirán al juzgado contencioso, que podría adoptar en quince días la decisión de paralizarel proceso si interpreta un posterior perjuicio para la SAD. Así, no es difícil que a finales de marzo coincidan la adjudicación definitiva de las acciones, la demanda ante el juzgado contencioso y la junta general mediante la cual Saqués quiere controlar el club aun antes de ser accionista mayoritario. Casi nada.
Esta repentina solicitud le valdría para acortar plazos, porque si no deberá esperar otros dos meses, es decir, con la temporada casi acabada. La convocatoria de esta junta también es incierta, porque los consejeros se nombraron por cinco años en junio de 2013, con lo cual en teoría, según confirmaron fuentes jurídicas, no sería posible una renovación aunque sí una «separación o remoción», términos que no figuran en el requerimiento notarial de Saqués.
Y todo esto en un mes y medio también crucial en la lucha por escapar del descenso.
