Cubos de agua encima de las mesas para las goteras, cuadros eléctricos que dan descargas afectados por la humedad, habitaciones con el suelo de tierra, discapacitados que tienen que ser atendidos en la calle ante la imposibilidad de entrar, expedientes judiciales que se pudren... La situación en varios de los nueve juzgados de paz que existen en la provincia es límite, según criticó ayer el sindicato Alternativas na Xustiza, que ha llegado incluso a denunciar ante Inspección de Trabajo las condiciones en las que deben trabajar algunos de los funcionarios, como es el caso del juzgado de paz de Ribadeo.
Esa es la situación más extrema, pero tampoco es mucho mejor en otros. En Burela, por ejemplo, «el ascensor está de adorno, ya que se gastaron el dinero en colocarlo pero no hay fondos para mantenimiento, así que no funciona», detalló ayer Lola Filgueira, en una rueda de prensa en la que estuvo acompañada por los también representantes sindicales Pablo Valeiras, Xaime Meilán y Paco Franco.
Filgueira llamó además la atención sobre los casos de Vilalba, donde se da la paradoja de que la oficina del forense está situada en una planta que solo tiene acceso por escaleras, y de O Saviñao, donde los expedientes judiciales se convierten en polvo al cogerlos porque están guardados bajo un techo de uralita, con humedad máxima en invierno y un calor de justicia en verano.
En cualquier caso, las deficiencias graves en la conservación y archivo de los expedientes judiciales no se registra solo en los juzgados de paz, sino que algunos de los de la capital también están en un punto de no retorno. Es la situación, denunció Alternativas na Xustiza, del primera instancia 1 o el de instrucción 1, donde las montañas de papeles se desperdigan por todas las instalaciones, los despachos, las salas de interrogatorios y los pasillos. «En Instrucción 1», indicó Xaime Meilán, «apenas queda un paso de cincuenta centímetros para poder acceder a la sala de vistas».
Estas circunstancias, alertó, no solo suponen un riesgo evidente para los propios funcionarios y sus condiciones de trabajo, sino que implica que en cualquier momento pueden desaparecer documentos sensibles de los expedientes porque es imposible garantizar su seguridad.
El sindicato lamentó que la Xunta, pese a ser conocedora de esta situación, se niega a poner los medios necesarios para solucionarlo. No solo para concentrar todos los expedientes en un archivo común y proceder a su expurga, sino incluso para facilitar simples estanterías o armarios, como pasó, según explicaron, con el juzgado de instrucción 1, que solo ha recibido dos de los ocho que pidió. Para este juzgado, además, solicitan la incorporación de otro funcionario de apoyo a mayores de que ya tiene asignado.
La negativa de la Xunta a facilitar medios para solucionar estos problemas también fue el argumento esgrimido por el alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez Barcia, con respecto al juzgado de paz de su concello. El alcalde facilitó escritos en los que se dirigió sin éxito al gobierno autonómico para exigir soluciones.
Los expedientes se acumulan en montañas de papeles por despachos y pasillos, sin que se pueda asegurar su control
