Un grupo de accionistas del Lugo denuncia irregularidades en el proceso de venta del club

Ponen en conocimiento de la Fiscalía un supuesto trato de favor hacia la empresa Frisaqués, que a su juicio puede ser constitutivo de "infracción penal"

Un grupo de accionistas del CD Lugo han pedido a la Fiscalía que investigue si hubo prevaricación en el proceso de enajenación de acciones de la Sociedad Anónima Deportiva que ejecutaron la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de la ciudad entre el 9 de diciembre de 2014 y el pasado 28 de mayo, momento en el que Frisaqués escrituró los títulos.

Ocho titulares de acciones del club han puesto en conocimiento de la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Lugo una serie de hechos del proceso de venta del club que, a su juicio, "pueden ser constitutivos de infracción penal". El escrito, al que ha tenido acceso EFE, pide que se "analicen una serie de actuaciones administrativas" de la Diputación, "concretada en la persona de su (entonces) secretario general", José Antonio Cillero, y que consideran son constitutivas "de un delito de prevaricación administrativa" por haber "demorado" la notificación de las resoluciones.

Según el grupo de accionistas, esa práctica tenía la "única finalidad de perjudicarles en su derecho de acceso a los tribunales para solicitar la suspensión de los actos administrativos dictados".

En el escrito, recuerdan que el plazo para la notificación de las resoluciones es de diez días y afirman que fue incumplido reiteradamente. Así, explican que el 27 de marzo y el 6 de abril, la Junta de Gobierno de la Diputación dictó resoluciones por las que desestimaba el recurso de reposición que habían interpuesto los socios referente a la "falta de capacidad de la entidad mercantil Frisaqués", propiedad del actual presidente del club, Tino Saqués, algo que no se les trasladó hasta el 22 de abril.

Indican, además, que el 17 de abril, la Diputación adjudicó a Frisaqués las acciones, pero no se les notificó al grupo de accionistas, mientras que al otro licitador en el concurso, el empresario luxemburgués Gerard López, le comunicaron la resolución el 8 de mayo.

A Frisaqués, en cambio, según expone el escrito, se le notificó el 20 de abril, tal y como demostraría una anotación manuscrita en el expediente administrativo que se remitió al juzgado, en el que consta el recibí con esa misma fecha.

Critican, en este sentido, que "con la finalidad de ganar tiempo en la resolución del proceso de adjudicación, a uno de los participantes (Frisaqués) se le llama y se le notifica a los dos días de dictarse el acuerdo", mientras que "al resto de interesados se tarda casi un mes en serle efectuada esa notificación".

A pesar de que, a día de hoy, no recibieron la notificación, los denunciantes tuvieron conocimiento de la resolución a través de la página web de la Diputación e interpusieron recurso de reposición el 22 de abril. Este se resolvió, según ellos, el 15 de mayo y no se les notificó hasta el 1 de junio, "sobrepasando nuevamente el plazo de diez días".

Añaden que antes de recibir la notificación, el 28 de mayo, tanto el Ayuntamiento como la Diputación formalizaron ante notario la escritura pública de compraventa de acciones. "Es evidente que si se otorga la escritura pública de compraventa de acciones antes de notificarse la resolución del recurso de reposición, mal se puede pedir la suspensión de este", exponen.

El 4 de junio, el grupo de accionistas que firma el escrito solicitó en el juzgado de lo contencioso la suspensión de la venta de acciones, pero el 6 de julio se desestimaron las medidas cautelares al argumentar que "la venta ya se había producido".

Por todo ello, consideran que la actuación del denunciado "ha sido la de favorecer en todo momento a la entidad Frisaqués dilatando/entorpeciendo el acceso a la jurisdicción contenciosa para solicitar la suspensión del acto de adjudicación".

Los denunciantes piden que preste declaración "en calidad de denunciado/imputado" José Antonio Cillero y, como testigo, la actual alcaldesa de Lugo, Lara Méndez, que era vicepresidenta de la Diputación en el momento de la comisión de los hechos y la que otorgó la "escritura pública de compraventa de acciones a favor de Frisaqués".

Además de otras declaraciones, también solicitan que se "investigue la relación de correos electrónicos y comunicaciones" que intercambiaron la Diputación Provincial y el adjudicatario de las acciones del Lugo.

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