El Jurado Provincial de Montes, un organismo dependiente de la Consellería de Medio Rural, desbloqueó tras casi 40 años la situación en la que se encontraban los montes de la parroquia de Viloalle, en el municipio de Mondoñedo. Tras una denuncia de un total de 33 propietarios contra la comunidad de montes que no les permitía disponer de la madera por una diferencia de criterio a propósito de los lindes, el asunto acabó llegando a dicho organismo que determinó que dichos propietarios podrán disponer de sus montes, que son 70 hectáreas de un total de 300.
El organismo de Medio Rural determinó que esos propietarios, representados por el abogado Luis Rego, quedaban excluidos de los montes vecinales dando el primer paso para desenquistar un problema que viene arrastrado ya desde 1979, un tiempo excesivo para todos los implicados, pero en el que ninguno se decidió a variar su postura.
Finalmente, los 33 vecinos que habían denunciado encontraron amparo en la nueva Ley de Montes, aprobada en 2012, que les concede la potestad para realizar unos deslindes que antes no podían llevar a cabo.
Sin embargo, cuando anteriormente habían planteado a la directiva de la comunidad realizar esos deslindes, se habían negado e iniciaron un larguísimo conflicto ahora resuelto, al menos inicialmente.
Luis Rego subraya la trascendencia de la decisión adoptada por el organismo de la Consellería de Medio Rural porque, bajo su punto de vista "a la comunidad de montes le quedan ahora mismo dos opciones. O cambian su actitud rebelde con la que nunca quisieron hacer ningún acuerdo y en base a la cual siempre se negaron a que pudiésemos hacer cualquier tipo de avance, o se van a encontrar con una cascada de procedimientos judiciales de muchos propietarios que siguen entrampados con sus montes en los que no pueden cortar la madera porque están delimitados por una decisión que ahora se demostró que no se puede sostener".
CAPRICHO. En opinión del abogado de los denunciantes esta situación "llegó demasiado lejos" y lo hizo "por mero capricho" de la comunidad porque considera que "hubo una negociación en la que se había atisbado una salida que no sé por qué nunca se aceptó".
Eso sí, dice que es un primer paso pero importantísimo a nivel económico porque el abogado mindoniense apunta que "aunque no soy un experto, viendo el precio actual de la madera, es probable que se puedan obtener en torno a 12.000 euros por hectárea de monte, así que estamos hablando de muchísimo dinero por una madera que literalmente se estaba pudriendo por la actitud inexplicable de unos señores".
El presidente de los comuneros, Enrique Fernández, curiosamente decía que aunque las fincas eran particulares, les habían sido adjudicadas por la Administración y se generó "un embrollo que xa debería estar resolto se se recoñeceran as reclamacións dos veciños do 79, pero non foi así e nós non podemos autorizar as talas legalmente".
