Besteiro convoca de urgencia a su ejecutiva

Besteiro, acorralado tras imputarlo De Lara en la operación Pulpo por seis delitos

Entre la lista de los citados a declarar en calidad de investigados se encuentran otros cargos o excargos de la Diputación de Lugo como el jefe del servicio de Protocolo, el ex secretario adjunto del ente y actual secretario del Concello, la interventora general, la directora de Comunicación y el asesor de fondos europeos de presidencia ► El séptimo imputado es el presidente de Monbus ► El líder del PSdeG convoca de urgencia a su ejecutiva
Besteiro llega al juzgado, en una imagen de archivo
photo_camera Besteiro llega al juzgado, en una imagen de archivo

La jueza Pilar de Lara ha notificado este viernes dos autos en el marco de la denominada operación Pulpo en los que levanta buena parte del secreto de sumario, que en estos momentos consta de 8.300 folios, y ordena la citación en calidad de imputados de siete personas -seis de ellas ocuparon u ocupan cargos en la Diputación de Lugo-, entre las que destaca la presencia del secretario general de los socialistas gallegos, José Ramón Gómez Besteiro, imputado también por la misma magistrada en el denominado caso Garañón. 

La magistrada atribuye a Besteiro los presuntos delitos de cohecho, prevaricación, tráfico de influencias, fraude a las Administraciones Públicas, fraude de subvenciones y malversación de caudales públicos

De Lara atribuye a Gómez Besteiro la autoría de los presuntos delitos de cohecho, prevaricación, tráfico de influencias, fraude a las Administraciones Públicas, fraude de subvenciones y un delito continuado de malversación de caudales públicos. El expresidente de la Diputación tendrá que declarar el próximo día 11 de mayo por este nuevo revés judicial, que sumado a su imputación en el caso Garañón podría complicar su posible candidatura a la presidencia de la Xunta, cuando ya se encuentra muy cuestionado por varios compañeros de formación, aunque este jueves recibía el apoyo público de Pedro Sánchez.

Juan Carlos Fernández Pulpeiro, jefe del Servicio de Protocolo de la Diputación, es otro de los investigados y se enfrenta a una acusación de prevaricación, tráfico de influencias, fraude a las Administraciones Públicas, malversación de caudales públicos y facilitación de información privilegiada. Declarará un día antes que el expresidente del ente, es decir, el día 10. Por su parte, Rosa Abelleira, interventora general del organismo provincial, prestará declaración el 12 como presunta autora de un delito de cohecho, tráfico de influencias, fraude a las Administraciones Públicas, fraude de subvenciones y uso de información privilegiada. El secretario adjunto de la Diputación y actual secretario del Concello de Lugo, José Antonio Mourelle, se encuentra, por su parte, investigado por la presunta comisión de los delitos de prevaricación, tráfico de influencias, fraude a las Administraciones Públicas, fraude de subvenciones , malversación de caudales públicos y facilitación de información privilegiada.

A Leticia Villar, directora de Comunicación de la Diputación, se le atribuyen los presuntos delitos de tráfico de influencias, fraude a las Administraciones Públicas, descubrimiento de secretos y uso de información privilegiada. También declarará el día 12 de mayo. A José Enrique Rodríguez Coello se le atribuye una conducta delictiva similar a la de Villar, añadiéndose, en su caso, una presunta malversación de caudales públicos.

La operación Pulpo arrancaba en 2013 para investigar presuntas irregularidades relacionadas con la gestión del programa KM0, que fueron denunciados por trabajadoras del programa

Al margen de las personas vinculadas al ente provincial, la séptima imputación que se ha hecho pública este viernes es la de Raúl López, presidente de Monbus, al que De Lara investiga también en el marco de la operación Cóndor.

LA TRAMA. Las actuaciones de la llamada operación Pulpo se iniciaron el 11 de junio de 2013 y en las mismas se investigan diversos delitos relacionados con la Administración pública. Los hechos en cuestión aluden a presuntas irregularidades relacionadas con la gestión del programa denominado KM0, que fueron denunciados por unas trabajadoras de programa, que también interpusieron denuncia por acoso contra el jefe del servicio de Protocolo.

Se investigan también presuntas adjudicaciones ilícitas para favorecer a determinados grupos empresariales, entre ellos Monbus, así como el otorgamiento supuestamente fraudulento de subvenciones. Otro de los puntos objeto de investigación judicial es el pago por parte de la Diputación con inclusión en los denominados “gastos sociales” de elevadas cantidades, tanto de ayudas médicas como de viajes y comidas.

 

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