La Policía cree que Alcor pagaba horas extras en B o falseando facturas

Las escuchas telefónicas y las declaraciones de empleados de la firma de seguridad prueban irregularidades. El personal dice que las nóminas no reflejaban el tiempo real de su jornada
Carlos Somoza, al salir del juzgado de Monforte, entre varios manifestantes
photo_camera Carlos Somoza, al salir del juzgado de Monforte, entre varios manifestantes

Las escuchas telefónicas realizadas durante meses por la Unidad Central de Seguridad Privada (UCSP) de la Policía Nacional sobre los responsable de la empresa Alcor Seguridad, con sede en Monforte, desvelan una "continua y habitual irregularidad delictiva perpetrada por Alcor con respecto al uso de facturas en blanco y el abono de las horas extraordinarias a los trabajadores, realizadas mediante pago en cheque y en metálico". Así se recoge en el sumario judicial abierto que consta de 16 tomos. En concreto, se habla de un presunto pago con dinero B a los empleados fuera del ámbito geográfico de Galicia.

La Policía indica que se aportan conversaciones transcritas literalmente en las que quedaría reflejado que el método elegido por Alcor consistía en que los trabajadores aportasen facturas de todo tipo (en el sumario se incluyen de comidas, combustible y de materiales de lo más diverso) con el fin de poder cobrar esas horas que hacían a mayores. Los investigadores señalan que queda por dilucidar si esas actuaciones contables derivadas de tales documentos mercantiles "encierran una mutación de la verdad comercial sobre la mercantil, pendiente aún por determinar en qué modo y con qué otros actores se cierra este círculo operativo".

Por la declaración de alguno de sus empleados, se infiere que en caso de no presentar facturas no recibían la cuantía de las horas realizadas a mayores, que les eran pagadas a 5,80 euros, cuando en el convenio colectivo del ramo está establecido en aproximadamente 7,75 euros por hora.

En cuanto al horario de trabajo, los empleados, que no dudaron en declarar contra Alcor y su máximo responsable, el monfortino Carlos Somoza, indicaron que cuando la empresa cogía un servicio subrogaba a los trabajadores en plantilla, pero que pasado un tiempo modificaba sus condiciones laborales y no satisfacía conceptos como nocturnidad, festivos y otro tipo de pluses, y que las horas extras no figuraban nunca en las nóminas que recibían. También declararon que su horario, de 162 horas mensuales, pasaba en muchos casos de las 200, al margen de las extraordinarias, que podrían ser unas 40.

DETALLES. En las escuchas realizadas se puede manifestar, dice la Policía, que supuestamente Antonio Soler Padilla, un empleados de confianza de Carlos Somoza, conseguía «facturas varias para justificar las horas extraordinarias en restaurantes sitos en Las Palmas de Gran Canaria».

Asimismo, en conversaciones interceptadas por los investigadores aparece «un tal Carlos, que podría tener un cargo como ingeniero de Caminos, Canales y Puertos en la mercantil Isolux Corsan», que le pide a Somoza que le confecciones «facturas de valor igual o inferior a 1.500 euros, en número de tres al mes por ese importe».

El informe de la Policía recoge que de esta manera «las podrá ir sacando por transferencia y escaqueando» y que si son por importe de 6.000 euros «las verá el día del juicio final, a lo que Carlos Somoza se da por enterado y le da confirmación a lo expuesto».

Con posterioridad, según el relato de la Policía, Somoza habla con una tal Mónica para explicarle lo pactado con el hombre llamado Carlos y para que lo haga así.

Los agentes de la Unidad Central de Seguridad Privada de la Policía Nacional señalan en sus conclusiones que «la metodología implantada es la de confeccionar y reflejar en esas facturas operaciones totalmente inexistentes» con el objetivo de «reducir fraudulentamente el pago de impuestos a los que se encuentren sujetos y obligados fiscalmente».

Añaden que es una práctica que tiene como fin «un incremento del gasto o una reducción de sus ingresos para reducir su carga impositiva y tener que realizar un menor o mínimo pago a la Agencia Tributaria». Concluyen que las facturas o pagos por 1.500 euros tienen, presumiblemente, la finalidad de no ser detectados por la hacienda pública».

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