El alcalde de Becerreá y diputado no adscrito, Manuel Martínez, ha presentado ante el ente provincial un escrito de alegaciones y reclamaciones que podrían derivar, según sostiene, en la anulación de las cuentas provinciales. Argumenta que en el pleno en el que se aprobaron los Presupuestos no se sometieron a votación las enmiendas presentadas -él presentó una relativa a la residencia para mayores de Becerreá- lo que "supone una posible irregularidad". Añade que existen antecedentes legales que demostrarían que una situación semejante puede causar la anulación del presupuesto, como sería el caso de una sentencia del Supremo respecto al Ayuntamiento de Oleiros que se adjunta en su reclamación.
En el escrito explica las causas que motivan la interposición del recurso contra la aprobación inicial del Presupuesto, "por ser la misma nula de pleno derecho al haberse vulnerado mis derechos constitucionales a la participación política", motivo por el cual solicita "que se estime dicho recurso y se proceda a una nueva convocatoria al objeto de introducir el debate solicitado".
El alcalde de Becerreá sostiene que la sesión plenaria "es nula de pleno derecho al haberse vulnerado mis derechos constitucionales a la participación política"
Martínez alega que el equipo de Gobierno podría haber vulnerado la Ley Reguladora de Haciendas Locales y asegura que no se le citó como diputado en la Comisión Informativa correspondiente.
"La actuación del Presidente en la sesión plenaria de 29 de marzo de 2016 fue sencillamente de impedimento de la participación ciudadana en el debate y aprobación, impidiendo el debate posterior de enmiendas como la legislación común atribuye al Pleno en un artículo cuya interpretación [por parte de presidencia] constituye una infracción del artículo 404 del Código Penitenciario", dice Martínez, especificando que "en concreto" se impidió "la participación de los diputados firmantes de las enmiendas en el proceso de adopción de las decisión lesionando claramente el derecho de los ciudadanos a participar a través de sus representantes en los asuntos públicos que reconoce el artículo 23 de la Constitución Española".
