El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha rechazado las "calumnias" de Mineira de Corcoesto, la filial que creó la canadiense Edgewater para explotar oro en terrenos de Cabana de Bergantiños y Coristanco, quien acusa al Gobierno gallego de "presiones" en una demanda judicial, y ha asegurado tener "la sensación" de que "la empresa no asumió que no se puede venir a Galicia a hacer negocio".
"Sobre calumnias no creo que sea muy apropiado hacer comentarios", ha manifestado el presidente gallego, al ser interpelado sobre esta información, tras visitar las obras del nuevo auditorio de la ciudad de Lugo. "Esa empresa quería hacer un negocio en Galicia y los técnicos de medio ambiente y los técnicos que llevaban la supervisión de las finanzas de esa empresa desaconsejaron y desautorizaron el negocio que la empresa pretendía hacer", ha advertido.
Dicho esto, ha manifestado que igual que la Xunta "hizo lo que tenía que hacer" cuando frenó el proyecto, ahora la asesoría jurídica de la Administración procederá del mismo modo y va a "mirar lo que dice esta empresa". "Creo que este despecho está desproporcionado. Allá ellos. Si consideran que Galicia es un lugar donde puede venir a explorar sus recursos, a hacer negocio y llevar ese dinero a otro sitio, se confunden de país y se confunden de Gobierno", concluido.
"PRESIONES". Minera de Corcoesto ha interpuesto un escrito y varios documentos ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) en los que acusa a la Xunta de una "singular forma de proceder" en la tramitación del proyecto, y asegura que se le denegó por su "negativa" a "ceder ante determinadas presiones".
La empresa solicita que se anulen las resoluciones que supusieron la denegación de la explotación en Corcoesto. Si no, subsidiariamente, reclama ser indemnizada por "daños y perjuicios"
En la demanda contencioso-administrativa, fechada el pasado 11 de marzo, la empresa compara al Gobierno gallego con el de la Venezuela de Hugo Chávez, al denunciar que actuó "inventando leyes nuevas y decretos por el camino para parar" los planes de la compañía. En concreto, recoge un correo electrónico remitido por el presidente de Edgewater a su gerente en España -según la demanda, el 12 de noviembre de 2014- en el que se lamenta de la denegación del proyecto y se pregunta "qué podía haber hecho de manera distinta, a parte de pagarles a los políticos".
"PRETEXTO PARA UNA DECISIÓN POLÍTICA". La demanda señala directamente al director xeral de Enerxía e Minas, Ángel Bernardo Tahoces, al que atribuye un cambio "arbitrario" de las reglas del juego, "sorpresivamente", después de haber obtenido la minera "todos los informes sectoriales favorables", la declaración de impacto ambiental "favorable" y "teniendo comprometida la financiación del proyecto por varias entidades financieras".
Al respecto, indica que "sorpresivamente" concedió "un plazo de 10 días" para justificar una ampliación de capital por importe de 30,4 millones, "totalmente desembolsada", y censura que "nunca antes" la administración había solicitado que se cumpliera un requerimiento "similar" para un caso "comparable". "Había suficiente músculo financiero", apostilla.
En este sentido, considera que se "inventaron nuevas exigencias" en un requerimiento que ve "ilegal" y al que, además, sucedió, "al día siguiente" de informar al conselleiro la empresa de sus "avances" en aquellas gestiones, el anuncio del presidente de la Xunta en el debate sobre el estado de la autonomía de 2013 de que el proyecto no se autorizaría. "Estando todavía abierto el plazo para que la empresa acreditase, de aquella singular forma, su solvencia económica", critica.
La empresa pide que se dé por presentada esta demanda contencioso-administrativa y solicita que se anulen las resoluciones que supusieron la denegación de la explotación en Corcoesto. Si no, subsidiariamente, reclama ser indemnizada "en los daños y perjuicios causados". Según el propio escrito, invirtió unos 20 millones de euros. Además, llama la atención sobre que el proyecto denegado no buscaba que se le otorgasen unos derechos mineros, porque dichos derechos "ya los tenía", sino que buscaba concretar "una específica forma de aprovechamiento del oro contenido en aquellos derechos mineros".
