El caso Garañón, en el que desde hace más de cinco años se investigan supuestas irregularidades urbanísticas en Lugo, ha quedado bloqueado en una intrincada maraña jurídica causada por el cruce de recusaciones a los jueces actuantes. Hay que recordar que, por un lado, José Ramón Gómez Besteiro presentó una solicitud para que fuese retirada del asunto la jueza instructora, Pilar de Lara, por supuesta animadversión y pérdida de imparcialidad. Pero, por otra parte y por similares motivos, la Asociación de Defensa del Parque, que actúa como acusación particular, ha solicitado a su vez que sean recusados tres de los cuatro magistrados de la sección Penal de la Audiencia Provincial. Son, en principio, los que deberían decidir sobre la recusación de la jueza, pero la tramitación del escrito contra ellos bloquea su actuación.
El problema no sería de mayor trascendencia si en la Audiencia de Lugo hubiera otra sección Penal que se pudiera hacer cargo del asunto, pero no es así. En estas circunstancias, cuando el juzgado dé trámite a la recusación interpuesta por la Asociación de Defensa del Parque tendrá que ser nombrado como instructor un magistrado de la sección Civil de la propia Audiencia Provincial.
Este será el encargado de realizar las pruebas precisas para decidir si se admite a trámite o no la recusación, pero deberá enviar su informe a una sala que se deberá formar en el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), y que deberían integrar el presidente del TSXG, un presidente de sala y el magistrado con menos antigüedad en este órgano. Esa sala sería la que, teniendo en cuenta la recomendación del instructor, tomaría la decisión última sobre la recusación contra los tres magistrados de la Audiencia Provincial.
La dirección de la causa mientras no se solventan las recusaciones ha recaído en el juzgado de instrucción 3
A CORUÑA. Pero esta es solo una parte del monumental lío. Porque es bastante probable que la tramitación de dicha recusación coincida en el tiempo con la presentada contra Pilar de Lara por su actuación en el caso Garañón. Fue la propia sala Penal de la Audiencia de Lugo la que obligó a la jueza a admitir a trámite esa petición de los abogados de Besteiro, y sería esa misma sala la que, en circunstancias normales, debería pronunciarse al respecto. Pero si tres de los cuatro magistrados que la componen están inmersos a su vez en un proceso similar, la sala se tendrá que abstener.
Y es en este punto cuando surge de nuevo el problema de que solo haya una sala Penal. Por este motivo, la recusación contra Pilar de Lara debería pasar a otra sala Penal de otra Audiencia Provincial.
Si se llega a este extremo, será el presidente del TSXG el que determine qué Audiencia se hace cargo, aunque la costumbre jurídica dice que será la más cercana. En el caso de Lugo, siempre se ha encargado a la Audiencia Provincial de A Coruña.
Todo este galimatías procesal implicaría de hecho que la instrucción del caso Garañón quedaría encallada. Tras apartarse la jueza Pilar de Lara tras ser obligada a admitir a trámite su recusación, el caso pasó al juzgado de instrucción 3 para evitar que quedase parado, pero dado el enorme volumen del mismo y su complejidad todas las partes asumen que el juez del 3, Sergio Orduña, se limitará a dar los trámites a las recusaciones y realizar solo aquellas actuaciones que tengan carácter de urgencia.
LUGO. El juzgado de instrucción 1 acaba de dictar el sobreseimiento provisional de la investigación iniciada hace tres años por un supuesto delito contra el patrimonio histórico, a causa de la deficiente conservación de la figura de la matrona de Lugo, una escultura que hasta el año 2007 estaba en la fuente que había en la Praza de Avilés y que fue sustituida por una réplica debido a su mal estado.
La denuncia fue interpuesta por Vicente Quiroga como presidente de la asociación Abre la Muralla, y la jueza Pilar de Lara imputó durante la instrucción al exconcejal José Piñeiro y al empresario José Luis Otero, cuya fundición se había encargado de realizar la réplica y que había mantenido en custodia desde entonces la figura original, en trozos, dado el desinterés del Concello por recuperarla. De hecho, durante años el Concello ni siquiera se preocupó de saber dónde estaba, hasta que tuvo que afrontar la factura por los años de depósito.
Ahora, el juez de apoyo en el juzgado 1, José Luis Deaño, ordena el archivo provisional después de constatar que no existen indicios de ninguno de los posibles delitos investigados. Y en primer lugar descarta el daños contra el patrimonio histórico, ya que la figura ni siquiera tenía la condición de protegida.
En un auto detallado, Deaño descarta también los delitos relacionados con daños por comportamiento doloso o imprudencia grave, ya que considera demostrado que la matrona ya estaba totalmente oxidada cuando se retiró, después 150 años de exposición al aire libre, y no tenía nada que ver con la manera en que se almacenó. Tampoco se ha podido determinar si se rompió en trozos al desmontarla o al trasladarla, porque su estado de conservación era pésimo. En cualquier caso, y por si quedaran dudas, sería un delito prescrito.
LOS CONTRATOS. Por último, se centra en las sospechas por las adjudicaciones de los contratos para la recuperación de la fuente y para la realización de la réplica. Ni en un caso ni en otro los informes y pruebas recabadas demuestran la existencia de delito alguno ni de pérdida económica para el Concello, más allá de que los procedimientos elegidos para la adjudicación y los pagos pudieran haber sido otros, lo que reduce a una mera cuestión administrativa que "no puede ser calificada como irregularidad evidente, patente, flagrante o clamorosa, requisitos exigidos jurisprudencialmente para apreciar la existencia de un delito de prevaricación".
Tras conocer el sobreseimiento de la causa, José Luis Otero señaló que durante todo este tiempo estuvo "muy tranquilo" pese a su imputación, ya que sabía "que no había nada ilegal y que la causa se iba a terminar archivando".
No obstante, reconoció que la situación vivida "ha sido surrealista".
