Campos reclama al Mercantil que anule los cambios de Suplusa

El presidente de la Diputación, Darío Campos, acompañado por los diputados socialistas Pilar García Porto y Lino Rodríguez Ónega, presentó en el juzgado de lo Mercantil de Lugo una demanda en la que insta a esta institución a impugnar los cambios estatutarios aprobados en el último consejo de administración de Suplusa, celebrado el 28 de julio. En aquella reunión se aprobaron, entre otros, ampliar el objeto social de la entidad, con el fin de que pase a ser prestadora de servicios sociales y se pueda encargar así de la gestión de la red de residencias provinciales, y también variar el régimen de nombramiento del presidente de la entidad y del propio consejo de administración, formado hasta el momento por tres representantes del PSOE, cuatro del PP, uno del BNG y el diputado no adscrito, Manuel Martínez.

Precisamente, la alianza entre los miembros del PP y Martínez permitió sacar adelante estas modificaciones estatutarias, que ahora Campos pretende que se impugnen en el juzgado. Esto lo hace al entender que las nuevas normas para el funcionamiento de Suplusa "amparan" que un grupo político pueda nombrar a la totalidad del consejo de administración. De ser así, se daría la paradoja de que una entidad pública como Suplusa, dependiente en su totalidad de la Diputación, no tuviese la obligación de tener ni a un solo miembro del gobierno provincial en su consejo de administración, ya que incluso sería este propio órgano el que elegiría a su presidente.

Hasta ahora, los estatutos de Suplusa establecían que el presidente del consejo sería el propio presidente de la Diputación y que los demás consejeros se elegirían siguiendo criterios de proporcionalidad con relación al peso de cada grupo en el pleno provincial y asegurándose siempre la presencia de, al menos, un diputado por cada grupo. En la formulación de esta denuncia, los tres diputados provinciales que la presentaron defienden la nulidad de los acuerdos aprobados por el PP y Martínez, al ser "adoptados de mala fe" y con "abuso de derecho", lo que supone infringir "cláusulas generales del ordenamiento jurídico".

En virtud a todos estos argumentos, los denunciantes piden al juzgado la "suspensión" de todos los acuerdos alcanzados por el consejo de administración de Suplusa en su reunión del 28 de julio. Además, piden que se nombre entre los consejeros que votaron a favor de los acuerdos a la persona que debe representar a esta sociedad durante el proceso.