Los trabajadores lucenses que reclamen judicialmente el impago de salarios o el reconocimiento de una incapacidad tendrán que esperar dos años a que se celebre el juicio —los asuntos ordinarios se están citando para octubre de 2018—. Si su demanda es por despido, la demora puede llegar a ser de siete meses —hay procedimientos urgentes que se están datando para mayo de 2017—. Esto evidencia que los juzgados de lo Social de Lugo, sobre todo el número 1, están "desbordados", según puso el jueves de manifiesto la CIG.
Debido a este colapso el sindicato nacionalista llevará a cabo una campaña de recogida de firmas y de reuniones con instituciones para exigir que se dote a Lugo de un cuarto juzgado de lo social. Hasta que no se cree pide que el Consejo General del Poder Judicial refuerce esta jurisdicción con un juez de apoyo y la Xunta de Galicia con administrativos.
La CIG intentará recabar apoyos a su iniciativa, entre otros, del Valedor do Pobo, la jueza decana de Lugo, los partidos políticos y los colegios de abogados, procuradores y graduados sociales. "O problema non é que os xulgados lucenses non resolvan, senón que non dan máis de si", afirmó el jueves el responsable nacional de justicia de la CIG, Jesús Sánchez Costa.
La CIG trasladará su propuesta al Valedor do Pobo, jueza decana, partidos políticos y colegios profesionales, entre otros
Cada uno de los tres juzgados de lo social de Lugo recibieron el año pasado unos 940 asuntos de media, 90 más de la cifra óptima que contempla el Consejo General del Poder Judicial. La bola de nieve se va haciendo cada vez más grande porque el problema se viene arrastrando desde hace años. En 2013 y 2014 entraron 1.255 y 1.311 procedimientos de media, respectivamente, según las cifras facilitadas por este sindicato.
DISCRIMINACIÓN. El secretario comarcal de la CIG, Antonio Niño, hizo el jueves hincapié en que Lugo es "discriminada" porque es la provincia gallega que tiene menos juzgados de lo social, tres frente a los diez de A Coruña —repartidos entre la capital herculina, Santiago de Compostela y Ferrol—; nueve de Pontevedra (entre Vigo y la Ciudad del Lérez) y cuatro de Ourense, que tiene un tejido empresarial y una población similar a la lucense.
Antonio Niño aseguró además que las empresas "xogan" con esta demora porque les ofrecen a los trabajadores compensaciones económicas inferiores a las que les corresponderían y estos suelen aceptarlas porque prefieren cobrar ahora a tener que esperar años a la resolución de las causas judiciales.
