El pago de dos sentencias condiciona los presupuestos de Viveiro

El Concello tiene además que amortizar deuda y dispone de menos ingresos para funcionar
Edificio con exceso de altura en Nicolás Cora, el más elevado de la imagen
photo_camera Edificio con exceso de altura en Nicolás Cora, el más elevado de la imagen

El gobierno vivariense ya mantuvo un primer encuentro con los portavoces municipales para abordar la elaboración de los presupuestos municipales para 2017, que estarán condicionados por dos sentencias pendientes de abonar, así como por la amortización de la deuda bancaria, a la que debe hacer frente el Concello, obligado por el plan de ajuste.

La alcaldesa de Viveiro, María Loureiro, indica que el gobierno trabaja para cuadrar las cuentas, debido a los importantes compromisos que tiene que afrontar. Loureiro subraya que lo más relevante es que «estamos saneando el Concello y al mismo tiempo no podemos gastar más de lo que tenemos», recalca, antes de añadir que «priorizamos lo que consideramos mejor».

La regidora prevé la convocatoria del pleno ordinario para la próxima semana, posiblemente el jueves 15, pero descarta llevar a dicha sesión el proyecto de presupuestos.

María Loureiro explica que el Ayuntamiento deberá pagar dos sentencias heredadas de la última etapa del PP, como son la indemnización por el edificio del Pazo do Grallal, en el que Patrimonio obligó a demoler dos plantas, tras lo que el constructor reclamó una compensación, que los tribunales fijaron en 372.000 euros más los intereses correspondientes mientras el promotor llegó a solicitar cerca de un millón de euros.

NICOLÁS CORA. El otro fallo judicial procedente de la época del exalcalde César Aja concierne al derribo parcial del edificio situado en los números 48-50 de la calle Nicolás Cora de la ciudad del Landro, para el que el Concello tramitó una declaración de inejecución parcial a solicitud de la comunidad de vecinos, que deja la parte a demoler en el ático y el tejado, según Loureiro. La actuación, para la que la entidad local presentó un proyecto valorado en unos 250.000 euros, permitirá la legalización del inmueble después de que el exregidor Melchor Roel abonase varias multas de su bolsillo por no derribarlo. La alcaldesa apunta que aún no se fijó la fecha de ejecución y que antes tendrán una reunión con los vecinos.

El Concello de Viveiro tendrá asimismo que amortizar casi 1,7 millones de euros en 2017, una cantidad superior a la abonada durante este ejercicio, razón por la que Loureiro considera «compleja» la situación económica al estar obligados a ese pago con el inconveniente añadido de las sentencias judiciales.

El gobierno no prevé subir los impuestos, según la regidora, pese a que el plan de ajuste así lo permite, pero incluso bajará el tipo impositivo tras la actualización registrada en el último año, y los ingresos por este concepto serán parecidos, según Loureiro, quien también indica que habrá partida para inversiones.

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