El Gobierno modificará la lista de morosos para recaudar 150 millones

El Ejecutivo remite a Bruselas el plan presupuestario de 2017 con cambios tributarios por 7.500 millones

El Gobierno ha remitido este viernes a Bruselas la actualización del plan presupuestario (draft budgetary plan) del año 2017 que incluye la revisión del cuadro macroeconómico y las nuevas medidas tributarias, de mejora de aprobación de los tributos y de lucha contra el fraude que tendrán un impacto de 7.500 millones de euros, para alcanzar el objetivo de déficit del 3,1% el próximo año. Entre ellas se incluye una modificación de la lista de morosos, con la que prevé recaudar unos 150 millones de euros.

El plan recoge la actualización del cuadro macroeconómico aprobado el pasado viernes por el Consejo de Ministros, en el que el Gobierno contempla una previsión de crecimiento económico del 3,2% para este año y del 2,5% para el que viene, lo que permitirá recuperar a mediados del próximo año el nivel de renta previo a la crisis, y facilitar un alza del PIB del 2,4% tanto en 2018 como en 2019.

Además, el Ejecutivo prevé la creación de casi dos millones de empleos en el periodo 2016-2019, lo que permitirá superar los 20 millones de ocupados en cuatro años y reducir progresivamente la tasa de paro hasta el 12,8% a finales de 2019.

El gasto de las administraciones disminuirá en tres grandes partidas: Educación, Sanidad y Empleo


De igual forma, el plan incluye el límite de gasto no financiero de 2017, que tendrá que ser convalidado en el Congreso y que se ha fijado en 118.337 millones de euros. Esta cifra supone la misma cantidad que lo se ejecutará finalmente en el presupuesto de este año, aunque en torno a 5.000 millones de euros menos que el techo de gasto marcado inicialmente para 2016, gracias al ahorro conseguido por los menores intereses de la deuda, el adelanto del cierre del ejercicio presupuesto y el acuerdo de no disponibilidad.

En detalle, el plan presupuestario contempla un objetivo de ingresos totales del 38% del PIB este año y algo superior, del 38,2%, en 2017, toda vez que el gasto total supondrá el 42,5% del total este ejercicio, para disminuir al 41,3%, hasta 479.991 millones, el próximo año.

El gasto de las administraciones disminuirá en las tres grandes partidas: en Educación pasará de un 9,51% de este año a un 9,45% en 2017 (3,9% del PIB); el de Sanidad del 14,4% al 14,34% (5,92% del PIB), y el de Empleo del 4,97% al 4,65% (1,92% del PIB). No obstante, en términos homogéneos se eleva el gasto en Educación (45.382 millones, un 0,5% más), Sanidad (68.840 millones, un 0,7%) y protección social (191.294 millones, un 1,8%). También sube en servicios públicos generales (68.946 millones), defensa (10.499 millones), orden público y seguridad (21.284 millones), protección del medio ambiente (9.450 millones), vivienda y servicios comunitarios (5.361 millones), actividades recreativas, cultura y religión (12.452 millones); mientras que disminuye en asuntos económicos, hasta 46.483 millones.

Con estas previsiones, los objetivos de estabilidad y deuda pública contemplan un déficit máximo del 3,1% del PIB en 2017, frente al 4,6% de este año. Para 2018, el déficit público deberá bajar hasta el 2,2% y para 2019 la senda marcada es que el desajuste entre ingresos y gastos disminuya hasta el 1,3%.

MODIFICACIÓN DE LA LISTA DE MOROSOS. También en materia fiscal el Ejecutivo prorroga en 2017 el Impuesto sobre el Patrimonio y actualiza los valores catastrales en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (Ibi), que se suman a las medidas aprobadas para mejorar la aplicación de los tributos que realizan las administraciones tributarias.

Concretamente, se suprimirá la posibilidad de conceder aplazamientos para determinados tipos de deudas, en particular las correspondientes a impuestos repercutidos no ingresados previamente por los contribuyentes (Iva), a pagos fraccionados o a deudas previamente suspendidas mientras se tramita un recurso, lo que supondrá una anticipación de ingresos por importe de 1.500 millones anuales.

En materia de lucha contra el fraude, se ha aprobado la rebaja a 1.000 euros del límite de pago en efectivo, así como a la obligatoriedad para unas 60.000 empresas (que aportan el 80% de la facturación de Iva) de informar de las facturas de Iva en tiempo real, con la finalidad de que el sistema esté plenamente operativo a mediados de 2017.

También se ha modificado la regulación de la publicación de los listados de deudores para incluir a los responsables solidarios y subsidarios. Esta última medida podría determinar un ingreso adicional de 150 millones.

Igualmente, se adoptarán una serie de medidas, mediante real decreto, para modernizar los sistemas de precintas para bebidas alcohólicas u obligaciones formales en el ámbito del Impuesto sobre las Labores del Tabaco.


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