El comité de Vestas respalda a la alcaldesa en el juicio del Penal

El comité de empresa de la planta de Vestas en Chavín (Viveiro) acudió al Juzgado de lo Penal de Lugo para respaldar a la alcaldesa, María Loureiro, a los concejales Jesús Fernández Cal e Isabel Rodríguez y a los exediles Rafael Fernández Amor y Olga Méndez acusados de un presunto delito de prevaricación urbanística en la concesión de la licencia de ampliación de esta fábrica. El presidente del comité, Alejandro Grandío, expresó este miércoles el apoyo de los trabajadores a los investigados por sus gestiones para regularizar la situación de los terrenos que ocupa la factoría, "pues sino puede cerrar la empresa".

El abogado de los ediles, Julio Lois Boedo, también salió en su defensa y aseguró, en declaraciones a Efe, que actuaron pensando "únicamente en el interés del municipio y en su supervivencia", debido a los más de cien empleos que estaban en juego. Incidió en que solo les movió "el interés social", pues la propia empresa condicionaba su permanencia en Viveiro a la licencia para ampliar la planta. Además, recuerda que el pleno aprobó por unanimidad instar a la junta de gobierno de 2009 para que otorgase dicho permiso.

La regidora vivariense reiteró este miércoles que "tengo la conciencia muy tranquila" y que la junta de gobierno se halló ante la disyuntiva de que la empresa abandonaba el municipio y desaparecía el empleo si no otorgaban la autorización.

1. ¿Qué problema hay con la licencia de ampliación?

El problema radica en que los terrenos en que se ubica la factoría están clasificados como suelo rústico, categoría en que la Ley 9/2002 de 30 de diciembre, de ordenación urbanística y protección del medio rural de Galicia (Loug) prohibe las instalaciones industriales.

2. ¿Es salvable ese escollo?

Es difícil, dado que esa normativa es posterior a la autorización autonómica, cuyo servicio de Urbanismo provincial aprobó en 1999 el emplazamiento "teniendo en cuenta las necesidades de la actividad en cuanto a espacio y la carencia de suelo urbano suficiente y compatible para uso industrial en el municipio de Viveiro", que entonces carecía de parque empresarial en Landrove. La junta que otorgó la licencia entendió que el permiso autonómico seguía vigente al tratarse de una ampliación de la actividad.

3. ¿Y por qué se cuestiona?

La Fiscalía cree que los concejales sabían que su decisión contradecía la normativa y añade que otorgaron el permiso sin solicitar nuevo informe a la Xunta. Por ello, solicita una pena de tres años de prisión, ocho años de inhabilitación y 21 meses de multa con cuota diaria de 12 euros.

4. ¿Hay algo más en contra?

La Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (Aplu) inició un expediente de reposición y exigió un plan sectorial, con proyecto de urbanización, preceptivo en terrenos calificados como suelo urbanizable no delimitado de uso industrial, que no se hizo tras varias reuniones de la Aplu y los técnicos municipales al coincidir en que no era la solución y resultaba incompatible con la normativa.

4. ¿Se intentó regularizar?

El gobierno socialista, con apoyo de BNG e iVi y abstención del PP, aprobó en pleno en noviembre de 2014 la solicitud de un dictamen al Consello Consultivo para revisar de oficio los acuerdos, que debido a "un error administrativo", motivaron que la licencia se otorgase antes de emitir informe la Xunta. Los acuerdos a revisión son de 1 de octubre de 2009 por el que se otorgó la licencia para ampliar la planta, el del 30 de junio de 2010 por el que autorizaron las obras y el del 4 de junio de 2013 que permitió la ampliación de la licencia de actividad primigenia concedida por resolución de la alcaldía de 19 de enero de 2000. La empresa también solicitó en 2009 que el Concello otorgase escritura e inscribiese los terrenos a su favor, lo que obligó a segregar el edificio de la escuela taller y dejar servidumbre de paso entre ambos, El 24 de julio de 2009 el arquitecto municipal emitió informe favorable. La alcaldesa aseguró en su declaración en el juzgado vivariense que los informes recogían que la situación "se subsanaría con el plan sectorial" que convertiría en área industrial el suelo rústico.

5. ¿Qué consecuencias puede tener la revisión iniciada?

De momento, provocó el archivo en vía administrativa de la reclamación del particular que denunció la licencia, al solicitar este la revisión de oficio y estar esta en marcha. No está personado en la vía penal, abierta de oficio por la Fiscalía. Si el órgano autonómico avala la propuesta del Concello, requerida por la Aplu, implicará la anulación de los acuerdos por no haberse tramitado antes de su concesión la autorización autonómica preceptiva al estar la fábrica en suelo rústico.

6. ¿Qué pasará si se anula?

La Xunta podría informar sobre una nueva solicitud de licencia para regularizar la firma. Por su parte, la empresa podría reclamar daños y perjuicios en caso de que esto afecte a su producción. En el peor de los casos, conllevaría la demolición de las naves y la pérdida del empleo.

7. ¿Por qué anular y derribar si en el futuro se prevé calificar la zona como industrial?

Resulta contradictorio con la intención anunciada desde hace años de reservar esa zona de Chavín para la segunda área industrial del municipio, tras Landrove. Salvando las distancias, el gobierno del exalcalde socialista Melchor Roel sacó adelante en los últimos años una modificación de la normativa que permitió regularizar un grupo de edificios de Lodeiro, donde el futuro planeamiento contempla esa edificabilidad.