En el 50 por ciento de las calles del casco urbano de Monforte hay algún edificio sin terminar. Se trata de construcciones que, en parte, se quedaron a medias durante los años más duros de la crisis del ladrillo, pero algunas llevan décadas así, desafiando al buen gusto y empeorando la imagen de la ciudad. Más allá de la cuestión estética, los edificios sin rematar contradicen las leyes de urbanismo, de protección del medio ambiente y de seguridad.
Las competencias para tomar medidas en este asunto se las reparten la Xunta de Galicia y el Ayuntamiento de Monforte. La Administración autonómica es la que debe marcar las normas y las obligaciones en este ámbito, algo que hace en varios títulos de la Lei do Solo que entró en vigor el pasado mes de febrero y que fue desarrollada y ampliada en un decreto aprobado el mes de septiembre.
Por su parte, el Ayuntamiento es el que debe hacer cumplir esa ley y a quien le compete el abrir diligencias a los promotores de estos edificios inacabados, algo en lo que por ahora, en el caso de Monforte, la administración local ha declinado actuar de oficio.
La mayoría de los edificios sin rematar tienen solo el casco. Es decir, se han levantado las placas y la tabiquería de ladrillo, no se colocaron todas las ventanas ni se ha rematado el tejado. Es el caso de un inmueble ubicado en la Rúa da Cerca, que se aprecia desde Roberto Baamonde, en línea recta con el conjunto monumental de San Vicente; de otro que lleva 15 años parado en la Praza do Piñeiro, en el barrio de Os Chaos, y de un tercero en O Malvarón. Algunos simplemente cuentan con las placas y las columnas y llevan décadas esperando por los tabiques. Ejemplo de esta situación es uno ubicado en la esquina entre Carude y la Rúa San Lázaro, una obra que no avanzó desde finales de los años 80. También hay un número reducido que siguen con el ladrillo a la vista, aunque ya funcionan como viviendas.
La Rúa da Cerca, la Praza do Piñeiro, Roberto Baamonde o Carude son lugares con obras que llevan décadas paradas
La Lei do Solo de febrero unifica toda la legislación autonómica y estatal anterior en materia de urbanismo. Aborda la problemática de los edificios sin rematar en los títulos tres y seis. En el número tres recoge una serie de normas de aplicación directa, entre las que está la de que las «construcciones deberán presentar todos sus paramentos exteriores y cubiertas totalmente terminados».
En el título seis insiste en que es deber de los propietarios «rematar las edificaciones para cuya ejecución obtuvieron la preceptiva licencia» y, en el caso de no contar con la licencia, reponer el estado anterior del entorno o adaptar la edificación a la normativa.
SANCIONES. El decreto que desarrolla la Lei do Solo, que se aprobó en septiembre y entró en vigor un mes después, detalla que la sanción a imponer contra los propietarios de un edificio sin rematar es de 25.000 euros, además de la obligación de terminarlo y de hacer frente al coste que ello suponga.
La legislación recoge que es competencia de los ayuntamientos, de oficio o por instancia de cualquier interesado, abrir expedientes y dictar las órdenes de ejecución para que los propietarios cumplan con su deber.
En esas órdenes se deben indicar las actuaciones a realizar, así como el plazo para acometerlas. La financiación corre a cargo del propietario. Si se incumple el mandato, el Ayuntamiento podrá proceder a la ejecución forzosa mediante la imposición de multas coercitivas de 1.000 a 10.000 euros trimestralmente.
En el momento de aprobar la ley, los ayuntamientos se opusieron a la competencia que se les otorga en esta materia, aunque el texto salió finalmente adelante.
