La alcaldesa de Viveiro, María Loureiro, dijo en el juicio al que está siendo sometida en el Juzgado de lo Penal de Lugo por un supuesto caso de prevaricación urbanística en la concesión de la licencia para la ampliación de la fábrica de la multinacional Vestas que nunca tuvo conciencia de que estuviese "vulnerando la ley".
La actual alcaldesa de Viveiro, María Loureiro García, y otras cuatro personas que formaban parte de la junta de gobierno que presidía el fallecido Melchor Roel en el año 2009 se sentaron este jueves en el banquillo de los acusados del Juzgado de lo Penal de Lugo para responder por un supuesto delito de prevaricación urbanística en la concesión de la licencia para la ampliación de la planta industrial de ensamblaje de aerogeneradores que Vestas tiene en Chavín.
Durante su declaración ante la jueza, la regidora local recordó que el propio pleno de Viveiro instó a la junta de gobierno a otorgar esa licencia a la multinacional, porque se trataba de un "tema básico" para el municipio, dado que la planta de Vestas en Chavín daba trabajo a más de un centenar de personas.
"Necesitaba ampliar la fábrica, porque había que meter nueva maquinaria" para seguir produciendo y, sin la licencia, tendría que cerrar", afirmó la regidora en sede judicial y a preguntas del ministerio fiscal.
Recordó que en ese tiempo hubo "varias reuniones" y "diversos informes" técnicos sobre el proceso para la concesión de la licencia, en el que se pusieron de manifiesto notorias "discrepancias" y diferencias de criterio.
En ese sentido, la regidora local recordó que "los informes técnicos no son vinculantes" y, aunque había dudas, los miembros de la junta de gobierno pensaban que cualquier posible defecto de forma sería "subsanable".
"En ningún momento se nos dijo que vulnerásemos la ley", aseguró María Loureiro, porque "no había nada concreto, nada claro", pero "éramos conscientes de que la licencia era necesaria.
En declaraciones a Efe, el abogado de la regidora local aseguró que los miembros de la junta de gobierno actuaron entonces movidos por el "interés social" del proyecto, porque está "acreditado" y así lo "reconoce hasta el ministerio fiscal" que la multinacional "condicionaba" su permanencia en Viveiro a la licencia para poder ampliar su planta.
"Actuaron movidos por la supervivencia de Viveiro", insistió Julio Lois Boedo, porque "estamos hablando de 110 puestos de trabajo" directos y "hay que multiplicar por 10 los que genera indirectos".
De hecho, a pesar de las diferencias políticas entre los grupos de la Corporación Municipal, recordó, "el pleno aprobó por unanimidad instar a la junta de gobierno" a aprobar "esa licencia".
Por todo ello, confía en que la regidora local saldrá absuelta, al igual que los demás miembros de la junta de gobierno en el año 2009.
