La Fiscalía de Menores de Lugo tuvo conocimiento de otras dos peleas concertadas entre adolescentes, posteriores a la que salió a la luz pública a finales del año pasado a través de una grabación que se distribuyó en las redes sociales y que suscitó una gran polémica social. Así lo reconoció el fiscal de Menores de Lugo, Jesús Álvarez González, que cerró ayer el I Congreso Provincial de Educación organizado por el Partido Popular, que versó sobre A convivencia no ámbito educativo. Álvarez González señaló que estos casos son ejemplos del uso de las redes sociales para la comisión de delitos. "Esperemos que sea una moda pasajera", indicó, igual que otras que hubo antes y que fueron desapareciendo, como "robar distintivos de coches de alta gama o sustraer ropa en tiendas y quien más conseguía era el que mejor quedaba", explicó.
Álvarez González señaló que aunque estos casos han tenido mucha repercusión en los medios de comunicación "en el aspecto penal y punitivo suelen tener escasa relevancia", ya que aunque los autores reconozcan los hechos no se han producido lesiones. "En la práctica hay un delito leve de malos tratos y lo máximo que se impone es libertad vigilada hasta seis meses o trabajos para la comunidad", explicó.
ACOSO. Jesús Álvarez también se refirió al acoso como una práctica que, al contrario que otras que emergen al calor de los cambios y las redes sociales, ha existido siempre, aunque quizás antes "estaba oculto y el acosado tenía que cargar con esa conducta sin que hubiera una conciencia social". El fiscal de Menores indicó que una de las principales característica del acoso es que es "muy difícil de detectar porque lo típico de estas conductas es que se hagan a escondidas, de una manera sutil", añadió. Por esa razón, muchas veces los padres van al centro a hablar con los profesores y se encuentran que para los docentes es una sorpresa y no sabían nada del asunto que les plantean.
El acoso escolar "no tiene una tipificación especial, contrariamente a lo que sucede con el acoso laboral, el inmobiliario o el personal", apuntó el fiscal lucense, que no se mostró partidario de darle una tipificación particular. "Entra dentro del delito contra la integridad moral" y con esta catalogación ya se han emitido sentencias en los distintos órdenes jurídicos, especificó.
En todo caso, Jesús Álvarez González dio mucha importancia a los procesos de conciliación para enfrentar todos los problemas que puedan surgir en los centros. "Si los asuntos se pueden solucionar en el ámbito que se han producido y evitar el ámbito judicial es siempre mejor", señaló.
EDUCADORES. El fiscal de Menores también señaló que en muchos casos hay buenos resultados con jóvenes que son internados en centros de reforma o están en programas de libertad vigilada, pero cuando alcanzan la mayoría de edad y se quedan solos hay más problemas. Jesús Álvarez tuvo una mención especial para los educadores de los equipos técnicos y de los centros de acogida porque son los que trabajan con ellos y "pueden conseguir una modificación de conducta", señaló.
Jesús Álvarez señaló que en las últimas décadas se han producido cambios sustanciales en la sociedad, que han tenido repercusión en las relaciones entre profesores y alumnos y entre padres e hijos. En este último caso, aprecia una "relajación de la autoridad familiar" y un aumento de casos de violencia doméstica en los que los adolescentes "pegan a sus padres". En estos casos, las familias pasan por Fiscalía, donde se les informa de las posibilidades, que pasan por ir a juicio. Generalmente, los progenitores rehúyen esta idea e inlcuso cuando se escoge esta vía suele haber conformidad antes de que se celebre la vista.
"En la vía de la reforma las medidas que se acuerdan son obligatorias; en la vía de la protección, que consistiría en recibir apoyo de educadores, psicólogos y especialistas, si el menor no quiere ir, no se puede obligar, por eso no funciona en algunos casos". Es muy "raro", indicó el fiscal, que se recurra a centros de internamiento pensados para proteger a los menores cuando el problema está en los hijos. Por la vía de la reforma, sin embargo, pueden ser enviados a centros de vigilancia.
