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La factura electrónica ralentiza aún más los pagos del Concello

Todavía no dispone de una herramienta informática operativa y tiene que imprimir y tramitar las facturas de proveedores una a una

Página de Face a través de la que se presentan las facturas electrónicas. SEBAS SENANDE

Página de Face a través de la que se presentan las facturas electrónicas. SEBAS SENANDE

La facturación electrónica a las administraciones públicas fue concebida para agilizar los pagos y asegurar una mayor transparencia en la lucha contra la morosidad, pero en el Concello de Lugo hasta el momento está siendo más trastorno que ayuda tanto para los trabajadores del área económica como, sobre todo, para las empresas que contratan con el Concello. En junio de 2015, tardaban una media de 18 días en cobrar, mientras que en noviembre de 2016 (último dato publicado por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas) aguardaban una media de 109 días. En ambos casos, los plazos son desde que la factura está conformada (aceptada y firmada por el Concello).

El gobierno recalca que la situación económica del Concello es buena y que no hay problemas de liquidez, pero asume que existe "unha lenta xestión interna na tramitación administrativa das facturas". Lo atribuye al atasco que existe con los recibos eléctricos porque durante aproximadamente un año no se tramitaron por problemas laborales en el servicio y falta de recursos. Asegura que si no se cuentan las facturas eléctricas, el periodo medio de pago está por debajo de los treinta días.

El gobierno claudica y vuelve a pagar a un funcionario para tramitar facturas

Una de las primeras crisis de gestión del gobierno de Lara Méndez se produjo a los pocos meses de tomar el bastón de mando, cuando distintas empresas eléctricas realizaron cortes de suministro a varias instalaciones municipales por el impago de facturas. Fueron interrupciones relativamente cortas y que afectaron a servicios no esenciales y el gobierno logró atajarlas, en algún caso prescindiendo de alguna compañía y contratando a otra, aunque con reparos del interventor municipal por no ajustarse al procedimiento reglamentario.

A esa crítica situación se llegó porque, a finales de 2013, el funcionario de los servicios eléctricos que comprobaba y tramitaba las facturas se plantó al dejar de percibir la productividad que se le abonaba por hacer esa función, que por su puesto no le correspondía. La había asumido al ir quedando el servicio sin técnicos, por jubilaciones y traslados a otros departamentos municipales. Durante al menos un año no se despachó ni una sola factura.

Posteriormente, el Concello firmó sendos convenios con la Diputación, que ya finalizaron. Por esta razón y porque el atasco sigue siendo grande (en diciembre había pendientes unas 30.000 facturas de los últimos tres años), el gobierno optó por llegar a un acuerdo económico con el funcionario, que desde diciembre vuelve a tramitarlas. Además, se prevé dar solución a este problema en la nueva relación de puestos de trabajo del Concello. Ahora, las nuevas facturas se despachan casi de inmediato.

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