Una de las rutas cicloturistas más apreciadas por los lucenses, la que trascurre por la parroquia de Orbazai paralela al río Mera, corre el riesgo de tener que ser desmantelada, tras una reciente sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG). En ella, los jueces dan la razón a los propietarios de cuatro fincas privadas por las que discurre esta ruta de senderismo, y ordena desmantelar todas las pasarelas de madera instaladas allí por Medio Rural.
En total, son 107 metros de pasarela, distribuidos en cuatro tramos diferentes en otras tantas fincas. Son las instalaciones de madera colocadas para dar continuidad al sendero en las partes en las que este no es transitable. Todas están situadas a menos de cinco metros del curso del Mera, en la zona considerada de servidumbre de paso. Además, de la pasarela, la sentencia indica también que se deben retirar un banco instalado para que los paseantes descansen y cinco postes indicadores de la propia ruta.
Este camino fue uno de los primeros que se habilitaron en el entorno de Lugo para aprovechar el efecto de los parques del Rato y del Miño. En principio, había un acuerdo con los propietarios del monte Segade, de Orbazai, para que pudiera transcurrir por sus terrenos, pero al final la Xunta instaló las pasarelas en unas fincas que habían sido adjudicadas a unos vecinos dentro del proceso de concentración parcelaria aprobado por la propia Xunta.
De hecho, este fue uno de los múltiples argumentos con los que Medio Rural ha ido tratando de retrasar este asunto durante años, tal y como reconoce el TSXG en su sentencia, que es un reproche a la peregrina actuación de la administración todo este tiempo. Durante el proceso, incluso obligó a los propietarios a completar otro procedimiento judicial para demostrar que eran sus fincas y no monte comunal, cuando su propiedad les había sido asignada por la propia Xunta en la concentración parcelaria.
Otra de las irregularidades de la administración consistió en tramitar de forma errónea la petición inicial de los propietarios, que se limitaba a solicitar que se retirasen las pasarelas. En su lugar, la Xunta inició un expediente como si estuviesen reclamando una compensación económica, para luego alegar este mismo error para evitar resolver la demanda de los afectados. Lo hizo, además, con sus propios informes técnicos en contra.
Después de años de lucha, a los cuatro propietarios no les quedó otro remedio que denunciar a la Xunta ante el TSXG. Representados por el abogado lucense Alejandro Fernández Pumariño, ahora han conseguido una respuesta sobre el fondo de la cuestión. El alto tribunal gallego niega a la Xunta su derecho a levantar estas infraestructuras en base a la servidumbre de paso que afecta a las fincas pegadas a los cauces fluviales.
Dicha servidumbre, efectivamente, existe y es de cinco metros en los que se debe facilitar el paso público, «pero no, lógicamente, colocar pasarelas o establecer cualquier otra obra que agrave el ejercicio de esa servidumbre, lo que aquí equivaldría a ejercer el tránsito a pie de manera ordinaria, pero no se pueden construir unas pasarelas con una infraestructura propia de una ruta cicloturista».
En estas circunstancias, el TSXG atiende la demanda inicial y única de los propietarios y ordena que todos los tramos de pasarela aludidos sean retirados.
No obstante, el tribunal deja abierta la vía a que puedan volver a instalarse si se inicia y completa un expediente legal de expropiación y se acuerda un justiprecio con los propietarios. Por supuesto, la Xunta también podría tratar de llegar ahora a un acuerdo económico con ellos, si estos lo aceptan.
