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Sarria, Muros, A Estrada, Cambados y Vilagarcía, sin los juzgados previstos por la Xunta

El director xeral de Xustiza dio cuenta del plan de infraestructuras judiciales iniciado en 2009 ► La Cámara aprueba pedir que los tesoreros de municipios pequeños no tengan habilitación especial

El director xeral de Xustiza, Juan José Martín, ha informado este viernes en el Parlamento gallego de que el plan de infraestructuras judiciales iniciado por la Xunta en 2009 cuenta con una ejecución del 90%. Así, ha expuesto que de las 64 actuaciones previstas, 58 están ejecutadas o en ejecución.

Las seis que no se llegaron a realizar son una nueva sede para la Fiscalía Superior de la comunidad, así como edificios judiciales en Muros, Sarria, A Estrada, Cambados y Vilagarcía. Con todo, señala que se realizaron actuaciones que no estaban previstas como una nueva sede del servicio de notificaciones de Vigo, la rehabilitación de la Fiscalía de Vigo, o la que se llevará a cabo en la Fiscalía de Santiago, entre otras.Para las obras ejecutadas o en ejecución se han invertido más de 75 millones.

Entre las próximas obras, señala que se van a demoler los edificios anexos en la torre del antiguo hospital de Vigo para los nuevos juzgados, que esperan estén listos en el horizonte de 2019. También se va a rehabilitar el antiguo centro de salud de Tui para nuevas dependencias y en Pontevedra el nuevo edificio judicial "va a ser una realidad el verano que viene".

TESOREROS. 
Por otra parte, el Parlamento gallego ha aprobado este viernes por unanimidad una iniciativa –presentada por el BNG y transaccionada con los populares– en la que demanda que el Gobierno central elimine la obligatoriedad de la habilitación nacional para los tesoreros de ayuntamientos de menos de 10.000 habitantes. En la Comisión Institucional se ha llegado a este acuerdo en el que también se recoge la petición de que los municipios de entre 10.000 y 20.000 habitantes mantengan la situación preexistente a la polémica obligatoriedad de los habilitados nacionales mientras no se alcance una fórmula que satisfaga a la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp).

Durante el debate, Luís Bará (BNG) ha denunciado la "inseguridad" e "incertidumbre" que generó la obligatoriedad de la habilitación nacional para los tesoreros de municipios, pues "no hay suficientes" funcionarios que tengan esta capacitación para cubrir los más de 250 municipios gallegos que lo requieren. Asimismo, Bará se queja de que la solución temporal articulada recientemente por el Ministerio de Hacienda para que los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes puedan realizar pagos –por la cual puede actuar como tesorero un funcionario propio de la corporación local que ejerciese el puesto hasta ahora– es solo "un parche" y "no van al fondo de la cuestión". En esta línea, considera "kafkiana" esta problemática, y la achaca al desconocimiento del Gobierno de la realidad gallega.

Por su parte, José Alberto Pazos Couñago (PPdeG) ha reconocido que el requisito de habilitación nacional "puede causar un problema en las corporaciones municipales", si bien considera que es "innecesario" para ayuntamientos de menos de 10.000 habitantes, cree que deben ejercer en un "periodo adecuado" en los de mayor tamaño. 

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