LA POLÉMICA alrededor de la paralización de la convocatoria de oposiciones en las comunidades autónomas se ha colado en la agenda política en este arranque de año de forma un tanto inesperada. Y quizás por tratarse de un asunto tan sensible como es el empleo y por el hecho de afectar —solo en Galicia— a decenas de miles de aspirantes, la problemática amenaza con politizarse y, peor todavía, enquistarse.
¿Cuál es el problema?
Básicamente que las comunidades autónomas no convocan sus ofertas públicas de empleo correspondientes a 2017, argumentando que existe inseguridad jurídica derivada del hecho de que el Gobierno central no haya aprobado todavía los presupuestos y, por extensión, la tasa de reposición. En un proceso tan complejo y sensible como unas oposiciones, los gobiernos no quieren pillarse los dedos, sobre todo por una razón que es el epicentro de todo el conflicto: no existe ni un solo precedente de la actual situación en España.
¿Qué es la tasa de reposición?
Es el límite de plazas que fija el Estado a las comunidades en las oposiciones. Hasta 2009 no existía, pero el Gobierno socialista de Zapatero lo introdujo en 2009, con la crisis, para evitar que se disparase el empleo público y, consecuentemente, el gasto de la Administración. Durante los años de crisis la tasa de resposición fue muy limitada, mientras que en 2016 ya fue del 100%: es decir, que se podían convocar todas las plazas perdidas por jubilaciones, fallecimientos, etc. Ahora, con más bonanza económica, se barajaba incluso la posibilidad de ampliar ese 100% para ir recuperando el empleo perdido años atrás. Es una norma estatal que suele ir ligada a la ley de los presupuestos.
¿Qué solución hay?
Se trabaja en varios frentes. Lo más fácil sería un acuerdo rápido en el Congreso para aprobar los presupuestos generales del Ejecutivo de Rajoy y la tasa de resposición, aunque esta solución parece por ahora lejana. Mientras tanto, Hacienda está estudiando si existe alguna fórmula jurídica para sacar adelante una tasa de resposición sin necesidad de que esta vaya ligada a la aprobación de los presupuestos o alguna fórmula que permita convocar las oposiciones sin cuentas. Por eso la Xunta, igual que otros gobiernos, optan por esperar a que el panorama nacional se vaya despejando, ya que aunque está preocupada, llama a la calma recordando que todavía "se está en plazo normal" de convocar la Ope de este año.
¿Cuál es el plazo?
De arranque, las oposiciones de sanidad y las de la Administración general de la Xunta no presentan grandes problemas de fechas y tienen más margen. No ocurre lo mismo, sin embargo, con educación. ¿La razón? Que hay que convocar oposiciones, hacer los exámenes, evaluar, dar plazo para reclamaciones, etc. Teniendo en cuenta que el curso empieza en septiembre, si se quiere que los nuevos docentes tomen posesión de sus plazas en tiempo y forma, habría que tener el proceso desatascado y convocar la Ope, como muy tarde, a mediados del mes de abril, según la Xunta. El PSdeG cree que sería mejor en marzo para evitar sustos de última hora.
¿Y si se convoca igual la Ope?
La teoría invita a pensar que, de igual modo que los presupuestos de 2016 quedan automáticamente prorrogados el 1 de enero mientras no se aprueben los nuevos, las comunidades podrían convocar oposiciones con la tasa de resposición del año pasado, que estaban en el 100%. Es lo que esgrimen los sindicatos y los propios opositores y con ese horizonte es con el que están trabajando las comunidades, incluida la gallega, que ya anunció plazas y hasta especialidades en el caso del área de educación. Lo que ocurre es que, recuerda el Gobierno autonómico, «como nunca se viviu esta situación tampouco existe unha seguridade xurídica total» de que esto vaya a ser así. Recuerdan, de hecho, lo más parecido que puede haber a un precedente, que fue lo ocurrido en Andalucía en el año 2012. Entonces, la Junta socialista desoyó la tasa de reposición fijada por el Gobierno central y convocó las plazas que consideró oportunas, pero el Constitucional se las tumbó. Por ahora solo el País Vasco publicó una convocatoria, pero se trata de una autonomía «con particularidades», dice la Xunta, que recuerda que del resto, hasta las socialistas aplazaron la Ope, si bien Andalucía amenaza con seguir adelante pese a todo, igual que Cataluña, lo que evidencia que no hay una estrategia común.
¿Cuántas plazas hay en juego?
La intención inicial de la Xunta era la de convocar alrededor de 3.000 plazas este año: unas 800 en sanidad, unas 1.200 en educación y unas 1.000 en la Administración general. Pero en los últimos días Feijóo abrió la puerta a pactar en Madrid un aumento de la tasa de reposición para que Galicia pudiera incrementar su oferta, asegurando que en el caso de sanidad incluso se duplicaría a 1.600. La situación mantiene hoy en vilo a muchos miles de gallegos, ya que solo en educación se estima que habría más de 15.000 aspirantes.
¿Qué papel juega la política?
Aunque podría parecer una cuestión netamente adminstrativa, en la polémica de las oposiciones hay mucho de estrategia política. Así, el PPdeG insiste en trasladar la presión al PSOE al asegurar que su bloqueo a los presupuestos amenaza las oposiciones, como en su día su "no es no" paralizó el Ave, argumenta. Pero los socialistas rechazan ese extremo y hablan de «chantaxe», diagnóstico que comparte el resto de la oposición. Ayer mismo, Xoaquín Fernández Leicega propuso a la Xunta convocar la Ope con la tasa de resposición de 2016 y si después hay un acuerdo para ampliarla, introducir «unha orde complementaria». El PP argumenta que solo alimentaría la inseguridad jurídica.
