Unións Agrarias pide más indemnizaciones para los productores de patata

Roberto García reclama un seguro específico que cubra este tipo de plagas, que este año está presente en 31 ayuntamientos de Lugo y A Coruña
Expansión de la polilla guatemalteca (Tecia solanivora)
photo_camera Expansión de la polilla guatemalteca (Tecia solanivora)

El secretario general de Unións Agrarias, Roberto García, ha reclamado este miércoles en el Parlamento de Galicia indemnizaciones por valor de 3,5 millones para los productores de patata afectados por la plaga de la polilla guatemalteca. 

García ha denunciado que "no hay cuantía presupuestaria suficiente" tras una reunión con los partidos con representación parlamentaria a la que el PPdeG no ha asistido, aunque le ha expresado al sindicalista su voluntad de participar la próxima semana en su ronda de reuniones bilaterales con los cuatro fuerzas políticas. 

La plaga de polilla guatemalteca, que había llegado el año pasado a tan solo tres ayuntamientos, este año ha afectado a 31 tanto en A Coruña como en Lugo, lo que ha llevado a la prohibición de cultivar y sacar patata de alrededor de 700 hectáreas de plantaciones. "Es un problema del país en el que tendría que haber confluencia en la respuesta y voluntad presupuestaria", ha afirmado García, que entiende como "insuficiente" un incremento del 15% con respecto a los menos de 6.000 euros del año pasado. 

García: "Si va a quedar blindada y prohibida la plantación y el movimiento de esta patata no puede ser sobre las costas de agricultores que no tienen la culpa en lo que está pasado"

"Llevamos ya más de tres años conviviendo con esta situación y desde Galicia ya deberíamos haber demandado a la Empresa Nacional de Seguridad Agraria un seguro específico para este tipo de plaga, que podría afectar a profesionales", ha sentenciado García. 

Aunque hasta ahora la plaga ha afectado mayoritariamente a plantaciones destinadas al autoconsumo, Roberto García ha alertado sobre el peligro de que alcance grandes plantaciones profesionales, lo que dejaría los 3,5 millones que han exigido en "ridículos" con respecto al peso total del sector agrícola dedicado a la patata. "En 1988 se tomó la decisión de convertir en obligatorio el saneamiento ganadero y dotó la ley de presupuesto para que las explotaciones se adaptaran y se indemnizara el lucro cesante", ha explicado García para ejemplificar la reacción que demanda a la Xunta. 

"Si va a quedar blindada y prohibida la plantación y el movimiento de esta patata no puede ser sobre las costas de agricultores que no tienen la culpa en lo que está pasado", ha concluido Roberto García, que entiende que "no le podemos decir al agricultor que la única alternativa es que plante otra cosa".

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