El alcalde de Pantón, el popular José Luis Álvarez Blanco, asegura que el martes respaldó una moción sobre el Ibi (Impuesto de Bienes Inmuebles) que presentó a pleno el BNG con el apoyo del PSOE porque se sintió "ameazado" e incluso temió por su "integridade física", pero insiste en que la propuesta ni es legal ni puede llevarse a cabo.
Los vecinos de Pantón están recibiendo en los últimos meses los recibos del Ibi en los que se incluye la anualidad en curso y los cobros de otros cuatro años con carácter retroactivo. La medida se corresponde con la revisión catastral que ordenó el Estado a nivel general y con la actualización de los tipos de gravamen en los que el mínimo lo marca el Gobierno central y el resto cada ayuntamiento. Ello ha causado las quejas enérgicas de más de un centenar de vecinos que la noche del martes acudieron a la sesión plenaria e increparon intensamente al regidor y a su equipo por las altas cuantías que reflejan los recibos que se envían desde la Diputación.
Rosana Prieto es la portavoz del BNG y la que llevó la moción al pleno. Prieto insistió ayer en que en el caso concreto de Pantón están coincidiendo en el tiempo la revisión del catastro, que promueve el Gobierno central para actualizar propiedades y usos de las mismas, con una puesta al día de los valores de dichas propiedades. La nacionalista explica que hacer coincidir los dos procesos está provocando que a los vecinos se les estén girando recibos de 700 y 800 euros en muchos casos. Según su información, esa coincidencia de procesos no se ajusta a la ley. La nacionalista añade que los atrasos tampoco se están cobrando bien.
Prieto reconoce que jurídicamente es muy tarde para anular el procedimiento porque ya se está en fase de cobro o liquidación, pero insiste en que la única alternativa es paralizar la liquidación en la Diputación (encargada de ejecutar el trámite) y solicitarle desde el Ayuntamiento a este organismo que cada recibo que pase a un particular esté comprobado y correcto en cuanto al valor y los usos de las propiedades. "A Deputación non é a que decide canto se cobra, pero en última instancia sí que ten a obriga de mirar se o que se cobra se axusta á realidade das propiedades que ten cada veciño", añadió Prieto.
En consonancia con este planteamiento, en la moción se demanda que el Ayuntamiento de Pantón exija a la Diputación que deje de enviar los recibos a los vecinos y se paralice el proceso mientras no se revise cada caso, se detecten los errores que hay en las propiedades y se aclare cuántos y qué años se pueden cobrar en concepto de atrasos.
El alcalde considera que la propuesta es ilegal y que, además, la Diputación no tiene margen para atenderla. "Volvino comprobar en diversas conversas co catastro e co organismo provincial esta mañá", explicó ayer Álvarez. El regidor insiste en que es un error animar a los vecinos a paralizar los procedimientos porque se les puede requerir el dinero por vía ejecutiva. Para el alcalde, la moción aprobada es además un agravio comparativo con los afectados que ya tienen sus pagos al día.
Los nacionalistas opinan lo contrario y aseguran que lo primero es paralizar o aplazar el proceso de pago y, a partir de ahí, ganar tiempo para estudiar alternativas a la situación.
EL AMBIENTE. La complejidad del propio tema, el poco margen de maniobra y las cuantías a las que se enfrentan los vecinos provocaron que Pantón viviese uno de los plenos más tensos de los últimos tiempos. En el salón se concentraron más de un centenar de personas que increparon al alcalde cada vez que intentaba dar su opinión sobre la legalidad de la medida que arrancó de los nacionalistas.
Álvarez lamentó además que en algún momento se pusiese en entredicho el trabajo de la secretaria municipal por parte de los grupos de la oposición.
Los nacionalistas explicaban ayer que lo que ocurrió en la sesión es la consecuencia de una medida que toca a los vecinos en el único tema que es intocable, "o do diñeiro". Rosana Prieto argumentó que lo único que estaban reclamando los asistentes al pleno era que el regidor se pusiese "do seu lado e dese a cara por un procedemento que impulsou o seu partido dende o Goberno central e no que o Concello ten certa marxe de manobra".
