La Confederación Hidrográfica del Miño-Sil (CHMS) ha denegado la prórroga al Concello para continuar –a través de la empresa Inca, concesionaria– las obras de la fábrica de la luz en el río y propone extinguir la concesión de explotación hidroeléctrica por caducidad, al haber agotado el plazo dado para las obras, pero el gobierno lucense ha alegado a esa decisión porque iría "en prexuízo do interese público". Señala que el artículo 162 de la Ley de Aguas dice que la extinción de un derecho "producirase sempre sen prexuíxo de terceiro do interese público". Y en este caso, "existe un claro interese público na continuidade da concesión", afirma.
El gobierno local argumenta, además, que existe un criterio doctrinal y jurisprudencial consolidado según el cual la caducidad de una concesión administrativa debe estar apoyada en incumplimientos graves de las condiciones, lo que, en su opinión, no sucede. El Concello pide que se permita continuar el proyecto porque considera acreditado que el incumplimiento de plazos se debió "a circunstancias independentes da vontade de ambas entidades [Concello e Inca]". Aunque lo cierto es que, al menos uno de los motivos de retraso fue la paralización de la obra en noviembre de 2015 porque la CHMS consideraba que se había construido una ataguía de obra fuera del lugar autorizado y así lo confirmó el ministerio posteriormente, al avalar la orden de retirada y un multa al Concello de 215.000 euros.
El Concello anuncia que irá al juzgado para que sea resarcido por los daños causados por la obligación de retirar el dique ilegal
En aquella época, el Concello solicitó la legalización de la ataguía, pero no obtuvo respuesta y, a pesar de que fue retirada y de que la CHMS propone el archivo, el gobierno lucense anuncia que interpondrá un recurso contencioso-administrativo y "procederá a exercer as accións legais procedentes en orde ao resarcimento dos danos causados polas administracións responsables".
El Concello sostiene que la CHMS supendió "expresa ou tacitamente" las obras en el río, no solo la de la ataguía, sino las de la escala de peces –pese que estaba prevista en la declaración de impacto ambiental– por la aparición de especies amenazadas y protegidas. Explica que el proceso exigió la petición de informes –uno de los motivos por lo que se puede suspender el plazo de ejecución, según la ley–, que la CHMS siempre conoció el motivo de los retrasos y que adoptó resoluciones tendentes a la continuación de estas, por lo que con las medidas que propone ahora "vulnera os principios de boa fe e confianza lexítima que deben presidir a actuación administrativa".
Adega, entidad que se opone a estas obras, también se dirigió a la CHMS en el plazo de audiencia para apoyar la denegación de la prórroga y la propuesta de extinción de la concesión. La asociación alega que la solicitud del Concello no cumple requisitos legales, que la paralización de la ataguía no fue una causa sobrevenida ni ajena al Concello e Inca, como tampoco la aparición de especies vulnerables en el río, ya que no fueron detectadas en su momento. Adega mantiene que el proyecto del río incumple la normativa ambiental vigente, por lo que no es legalizable, considera.
