La alcaldesa Lara Méndez anunció el martes durante la reunión de la comisión política de O Garañón que ha encargado un catálogo de fincas edificables propiedad municipal con el objetivo de ofrecérselas al promotor de la CS-5 a cambio de los terrenos de la polémica urbanización ubicada junto a las cuestas del parque Rosalía de Castro.
La regidora explicó a los grupos municipales que su gobierno apuesta por dejar O Garañón como una extensión de esa emblemática zona verde, por lo que se intentaría negociar un acuerdo para compensar al promotor con terrenos edificables en otra parte de la ciudad.
Lara Méndez añadió que en caso de que el dueño de los terrenos no acepte un cambio, el gobierno tratará de que la edificabilidad que le corresponde a esa finca se traslade a la zona más cerca a la Avenida República Argentina, una idea que en su día el ejecutivo de José López Orozco desechó al considerar que generaría un «efecto de muralla» en esta fachada de la ciudad.
La alcaldesa, que también se comprometió ante los grupos municipales a dar cuenta a la comisión de O Garañón de todos los trámites que se lleven a cabo, fue finalmente elegida como presidente de este órgano, mientras que el portavoz socialista, Miguel Fernández, será el vicepresidente. Ambos fueron elegidos solo con los votos del PSOE y la abstención del resto de grupos, que evitaron volver a polemizar sobre quién debería estar al frente. La regidora explicó que había dos informes contradictorios sobre si las comisiones municipales deberían de estar presididas siempre por la alcaldía, aunque en uno de ellos se estimaba que podría ser cualquier edil.
SENTENCIA. Lara Méndez también informó de que la junta de gobierno local asumirá hoy la firmeza de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSXG) que lleva consigo la anulación del proyecto de urbanización de la CS-5 y que luego se iniciará el procedimiento para derribar las polémicas torres.
El siguiente paso, según Méndez, consiste en requerir al constructor que en el plazo de tres meses presente los oportunos proyectos de urbanización y de obra de la edificación, de tal forma que se ajusten a los criterios y soluciones para la protección del patrimonio cultural que establezca la Dirección Xeral de Patrimonio.
«Con independencia do que decida facer o interesado, están os intereses da cidade e o goberno ten unha proposta firme ao respecto», comentó la alcaldesa, quien detalló que se va a reponer la legalidad y derribar el edificio de O Garañón, para lo cual recordó que su ejecutivo prevé consignar una partida de 300.000 euros en los presupuestos municipales, y que también se tratará de mitigar «a posible responsabilidade patrimonial».
