La junta de portavoces convocada el miércoles de forma urgente por la alcaldesa Lara Méndez para tratar de buscar "consenso" entre los grupos para poder abonar 5.080 facturas por importe de 2,3 millones de euros y cuyo pago fue bloqueado por el pleno, acabó con acusaciones de "chantaxe" contra la regidora por parte de PP y Ace-UE, pero con el compromiso del gobierno local de estudiar la división en bloques de las minutas, distinguiendo las que tienen reparos del legalidad por parte del interventor de las que no tienen.
El malestar de la oposición llegó a cuenta de un informe jurídico que no llegó a ser entregado a los grupos, pero que la regidora citó al inicio de la reunión y en el que se alertaría de que los ediles que bloqueasen con su voto en el pleno el pago de facturas a proveedores podrían incurrir en una responsabilidad penal, al estar facilitando un presunto enriquecimiento ilítico del Concello.
La respuesta de los portavoces del PP, Jaime Castiñeira, y de Ace-EU, Carlos Portomeñe, cuyos grupos votaron en el pleno contra el reconocimiento extrajudicial de crédito que facilitaría el pago de esos 2,3 millones, fue la de acusar a la alcaldesa de "chantaxe emocional", como así llegó a definir el edil popular la "ameaza de que se votabamos en contra poderiamos incorrer en responsabilidades penais".
Castiñeira se opone a pagar facturas donde hay "total ausencia de procedemento" o de contratos caducados en los que no se avanzó
Castiñeira, que pidió poder tener acceso a ese informe jurídico, porque duda de que haya sentencias que marquen el sentido del voto de un cargo electo, teme que solo se trate de "un intento de manipular" la posición de este grupo sobre el pago de las polémicas facturas.
De la misma forma se manifestó Carlos Portomeñe, quien tras la reunión advirtió de que el gobierno no lograría recabar apoyos con "chantaxes", ya que se lamentó de que la intención inicial de la regidora era la de "convocar un pleno e lernos un papeliño no que dicía que poderiamos incurrir en ilegalidade se votabamos en contra". Sin embargo, Portomeñe dijo que posteriormente la alcaldesa cambió de postura al admitir la posibilidad de dividir en bloques las facturas.
De hecho, la propia Lara Méndez explicó tras la reunión que su gobierno podría llevar al próximo pleno varios bloques de facturas, tal y como propuso el BNG, para "habilitar crédito para o pago", pero no para "levantar reparos de legalidade como di a oposición", porque asegura que esa función corresponde exclusivamente a la alcaldesa.
Además, explicó que durante la reunión apeló a la "responsabilidade" de los grupos para que se facilite el pago a proveedores por la prestación de unos servicios que ya fueronrealizados, a pesar de que sí admitió que en algunos casos "houbo defectos de procedemento". "Aínda así temos obriga de pagar", comentó Méndez, quien cree que en caso de no ser abonadas podría haber un "enriquecemento inxusto".
En todo caso, se comprometió a buscar "liñas de consenso, e unha delas é facer bloques de facturas", aunque el popular Jaime Castiñeira ya pidió que esa división "sexa o máis subdividida posible, porque hai moitos tipos de facturas, unhas non teñen problemas mentres que noutras hai unha ausencia total de procedemento", como dice que ocurre con las de la concejalía de cultura.
El popular admitía así que su grupo podría no votar en contra del pago de las facturas que no tienen reparos de legalidad, la mayor parte de ellas correspondientes a compañías eléctricas y que no pudieron ser abonadas a tiempo por falta de personal para revisarlas. Además, dijo que habría que distinguir entre las facturas con reparos de legalidad porque el contrato está caducado, ya que explica que hay casos en los que el gobierno ya tendría avanzado el proceso de readjudicación del servicio, pero otros siguen "no mesmo punto desde hai anos".
El nacionalista Rubén Arroxo también admitió que su grupo incluso podría votar a favor del pago de algunas facturas, pero no de las que tengan reparos de legalidad.
