Comuneros de Portomarín acuerdan pedir la dimisión del teniente de alcalde

La asamblea de la comunidad de Vilaxuste lo declaró también «persoa non grata», a causa de sus continuas querellas contra los vecinos

La asamblea de la comunidad de montes de la parroquia de Vilaxuste, en el municipio de Portomarín, acordó pedir formalmente al gobierno local "el cese o dimisión" del teniente de alcalde de este ayuntamiento, José Pérez Fernández, a causa de las continuas querellas presentadas por él contra distintos comuneros de este colectivo, del que también es miembro.

En su última sesión extraordinaria, la asamblea acordó también declarar a Pérez Fernández "persoa non grata", en una votación en la que tomaron parte los 33 miembros que componen esta mancomunidad y que se saldó con 20 papeletas a favor, diez en contra y tres abstenciones.

El conflicto que divide a esta mancomunidad se arrastra desde años atrás por desencuentros vecinales, aunque en 2012 la situación se agravó a causa de una redistribución de las parcelas, que no convence a todos por igual.

Por un lado están los intereses de las seis ganaderías, entre los que se incluye la del actual número dos del gobierno local de Portomarín, que defiende que la fórmula de reparto elegida reduce los pastos, lo que perjudica a sus explotaciones. Del otro lado está la mayoría de los comuneros, que defiende sus derechos para una gestión del terreno "acorde aos beneficios de todos e non duns poucos", según señala Plácido Lamela, uno de los 24 vecinos, de la treintena que hay en la parroquia, que firmaron la petición de cese.

En el escrito que estos comuneros presentaron al Concello se detallan diferentes demandas que, de forma directa o indirecta, el teniente de alcalde impulsó contra sus vecinos. La última de ellas, cuyo juicio debería salir entre los meses de julio o agosto, es contra 20 vecinos sobre los que mantiene que no tienen los derechos legales necesarios para permanecer en la mancomunidad.

José Pérez Fernández cree que la fórmula de reparto de los terrenos elegida por la directiva de la mancomunidad es ilegal por dar derechos "a persoas que nin siquera viven na parroquia", en lo que entiende es "unha privatización" de un monte que está pasando a ser gestionado "por quen realmente non vive del".

La otra parte de los comuneros defienden sus derechos sobre unas tierras que siempre fueron "transmitidas de país a fillos", según comenta Lamela, quien además se pregunta que "en qué cabeza cabe que se queiran adueñar duns terreos que están labrados para o único beneficio das súas propias gandeirías".

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