La juez imputa al obispo emérito de Cádiz en la nueva pieza de los Ere

El prelado y cuatro exdirigentes políticos deberán comparecer este martes por una ayuda de 300.000 euros que le concedió la Junta de Andalucía en el 2009 al geriátrico del Obispado gaditano
El obispo emérito de Cádiz Antonio Ceballos
photo_camera El obispo emérito de Cádiz Antonio Ceballos

La juez del caso de los Ere, María Núñez Bolaños, ha citado este martes al obispo emérito de Cádiz Antonio Ceballos para que declare como investigado —antes imputado— por una ayuda de 300.000 euros que le concedió la Junta de Andalucía en el 2009 al geriátrico del Obispado gaditano. Además de al religioso, la instructora ha emplazado a comparecer en la misma jornada como investigados, en esta nueva pieza de los Ere, a cuatro exdirigentes políticos: el exconsejero de Empleo Antonio Fernández, el exviceconsejero Agustín Barberá, el exdirector general de Trabajo Juan Márquez y el exjefe de servicio de Trabajo Antonio Diz-Lois.

El prelado emérito será el último en declarar de los cinco citados en esta pieza, que abrió la juez Núñez Bolaños después de que la Guardia Civil le pidiera incluir al religioso como implicado en el caso de los Ere. La Benemérita planteó en un atestado si "puede existir responsabilidad penal por tráfico de influencias" del obispo emérito de Cádiz. La juez, sin embargo, no especifica el delito que le imputa al religioso y al resto de ex altos cargos, y solo indica que "los hechos investigados podrían presentar características que hacen presumir la existencia de una infracción penal".

Ceballos, obispo entre diciembre de 1993 y agosto del 2011, tuvo una "intervención directa" con la Consejería de Empleo para la consecución de la ayuda económica, que se hizo "prescindiendo del procedimiento" establecido, según el instituto armado. Tras la concesión de la ayuda sociolaboral a favor de los trabajadores del geriátrico, la Junta de Andalucía inició una revisión de oficio en abril del 2012, cuando ya estaba en marcha la investigación judicial por el caso Ere. El 23 de julio de ese mismo año, el Gobierno regional dictaminó que se debía devolver la subvención concedida. No obstante, el 10 de diciembre la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo emitió una nueva propuesta proponiendo el archivo del expediente, "ya que la declaración de nulidad y exigencia de devolución de la ayuda iría en contra de la buena fe de los trabajadores y/o beneficiarios".

Tras esa decisión, el Consejo Consultivo de Andalucía aprobó por unanimidad, el 30 de enero del 2013, archivar el expediente, y el 25 de febrero del mismo año el exconsejero Antonio Ávila decretó el archivo de las actuaciones, recuerda la juez. La Guardia Civil, en su atestado, consideró que con esta actuación se está "dando la impresión" de que los responsables de la Junta de Andalucía buscaran "la REDENCIÓN a través de la intercesión del Obispado".

Esa ayuda se concedió "vulnerándose la igualdad, imparcialidad, objetividad y transparencia", principios que deben regir los actos de la Administración pública, agrega el instituto armado.

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