El Concello sarriano contrató los servicios jurídicos de un abogado ante el recurso de los concejales Benjamín Escontrela y Antón Fortes por su paso al grupo de no adscritos tras ser expulsados de CxG-CCTT. Esto se conoció ayer en el pleno a raíz de una pregunta del PP y generó polémica.
Los populares se interesaron durante la sesión por la contratación de un letrado de A Coruña y la regidora, Pilar López, reveló el motivo de esta. Según un decreto de alcaldía, el coste estimado de estos servicios asciende a 3.570 euros. El portavoz del PP, José Antonio García, criticó que el Concello no recurra en este caso a los servicios jurídicos de la Diputación Provincial de Lugo, que son gratuitos, y que se «pague con diñeiro público unha postura partidista».
También se desveló que el Ayuntamiento contrató a otra empresa para «asesoramento sobre reparos de intervención e informes da estructura económica do Concello», afirmó la alcaldesa.
Este fue el asunto más polémico de un pleno ordinario, en el que el gobierno también informó de que todos los puestos de la plaza de abastos son ilegales, por lo que se procederá a su desalojo.
La corporación municipal aprobó por unanimidad las tarifas de taxi. También salió adelante, aunque solo con los votos de la oposición, una moción de esta para anular el plan de protección del casco histórico y el Camino de Santiago y agilizar el convenio con la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil (CHMS) para las obras de Ponte Ribeira.
Mientras la oposición insistió en la urgencia de tomar esta medida para reabrir el viaducto ante esta situación «insostible», el gobierno defendió «as vantaxes» del documento urbanístico y aseguró que ejecutará el puente.
