Un juzgado de primera instancia de Oslo ha dado la razón al Estado noruego en el proceso civil en el que un grupo de marineros españoles que estuvieron embarcados en la marina mercante de ese país nórdico pide el pago de sus pensiones.
Así lo confirmó este domingo a Efe el abogado de los marineros, Øivind Østberg, que anunció que la sentencia será recurrida y que tratará de llevar el caso directamente al Tribunal Supremo noruego, en virtud de una regla especial de las leyes procesales de ese país.
Unos 12.000 marineros, embarcados en la flota noruega desde 1948 a 1994 (cuando este país entró en el Espacio Económico Europeo), fueron obligados por ley a pagar hasta el 30% de su salario bruto, aunque, al no vivir en el país escandinavo, se les impedía cotizar, motivo por el que no reciben una pensión.
Los marineros quieren llevar el caso a Estrasburgo una vez agotada la vía judicial noruega
La defensa de los querellantes -212 marineros o familiares y Long Hope, la asociación que los representa- insistió en el juicio a primeros de mes en que los marineros sufrieron diferencia de trato, porque a los noruegos embarcados en los mismos buques no se les exigió tener residencia.
La sentencia rechaza que se haya violado la Convención Europea de Derechos Humanos, la Constitución u otras reglas, resaltando que los marineros no tenían esperanza justificada de recibir pensión, ya que no estaban incluidos en las leyes sobre pensiones y no cotizaron.
Aunque tanto marineros noruegos como españoles pagaron impuestos, su situación no es comparable porque existen "grandes diferencias". "El tribunal da especial importancia a que los marineros españoles (y sus patrones), al contrario que los marineros noruegos (y sus patrones), no han pagado cotizaciones al sistema nacional de pensiones ni al régimen especial para marineros", dice el fallo, que obliga a cada parte a abonar sus costas.
Los demandantes habían presentado documentos de los archivos nacionales de España y de Noruega que acreditan que tributaron allí, así como el convenio de doble imposición entre ambos países. Basándose en documentación del trámite parlamentario previo a la adopción de la ley de pensiones en 1966, afirmaron haber sufrido una discriminación por motivos económicos, con el objetivo de ahorrarles gastos a los armadores noruegos para poder ser competitivos.
Østberg calificó la sentencia de "débil" y "extraña", y resaltó que es "infrecuente" que el juez dé la razón al Estado en que el caso no debía acabar en los tribunales al no haber resolución administrativa previa, para luego analizar el fondo del asunto.
Los marineros, la mayoría de ellos originarios de Galicia, han afirmado en varias ocasiones que su objetivo es agotar la vía judicial noruega para llevar a este Estado nórdico al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo.
Long Hope ha impulsado más de 70 movilizaciones en 8 años, muchas en Galicia, pero también ante las embajadas noruegas en Madrid y Bruselas, y ha conseguido el respaldo de los principales partidos españoles, el Congreso, el Senado y el Parlamento de Galicia.
