Accionistas del Popular preparan medidas legales por la pérdida de sus inversiones

Despachos de abogados y asociaciones de consumidores preparan una "avalancha" de acciones legales contra el Banco Popular después de que su compra por el Santander haya supuesto la pérdida del 100 % de la inversión realizada por los accionistas y los tenedores de deuda de la entidad.

Un anuncio que este miércoles ha hecho la Asociación de Usuarios Financieros (Asufin), que trabaja en la presentación de una querella contra los administradores del Popular a fin de investigar si actuaron "con transparencia y diligencia".

En términos similares se pronuncia Ignacio de Azúa, de Lean Abogados, que matiza que si bien el grueso de inversores no recuperará su capital, los accionistas que acudieron a la ampliación de mayo de 2016 podrán reclamar judicialmente pues "las cuentas utilizadas no eran correctas".

También podrán demandar, advierte, los inversores minoristas a quienes comercializaron los bonos convertibles bajo la apariencia de productos de renta fija.

Coincide al respecto el socio director del bufete de abogados Navas & Cusí, Juan Ignacio Navas, que sostiene que el Popular "aventuró" beneficios y dividendos que se convirtieron en "pérdidas multimillonarias" sin haber efectuado un análisis de riesgo razonable ni una comercialización transparente.

En declaraciones a Efe, el socio del despacho Jausas Jordi Ruiz de Villa, asegura que la valoración provisional del banco pone de relieve que los errores en los estados financieros afectan no sólo a las cuentas empleadas para la ampliación de capital sino también las anuales de 2016.

En su opinión, la situación guarda "enormes similitudes con el caso Bankia" por lo que prevé que se inicien acciones penales y civiles para reclamar responsabilidades a los dos consejos de administración, tanto al actual como al anterior, todavía con Ángel Ron como presidente de la entidad.

Para Ruiz de Villa, la venta es en verdad una "expropiación" ejecutada a través de un procedimiento "poco transparente y competitivo" que ha impedido la participación de entidades que habrían podido estar interesadas en adquirir el Popular de haber sabido que no tenían que hacer frente a los 2.031 millones en obligaciones convertibles y deuda subordinada.

De momento, adelanta, ya están organizando una plataforma para que inversores profesionales, grandes patrimonios y grandes empresas soliciten en los tribunales ser resarcidos por el impacto, aunque aclara que sólo podrían interponerse acciones contra el Santander en caso de una fusión por absorción, algo que "no se va a producir durante un tiempo".

Para la presidenta de Asufin, Patricia Suárez, la operación supone un paso más hacia la concentración bancaria y una menor competencia, que cree "no es una buena noticia para los consumidores".

No obstante, celebra que Santander, como entidad solvente, tenga que hacer frente a las reclamaciones por las cláusulas suelo, hipotecas multidivisas y bonos convertibles, entre otros productos ofertados por el Popular, a diferencia de lo que ocurrió con las cuotas participativas de la CAM, no asumidas por su sucesor, el Banco Sabadell.