El Concello parece haber activado medidas para reducir el fraude en el consumo del agua en la ciudad que denunciaron grupos de la oposición y un decreto de la concejalía de infraestructuras acaba de ordenar el cobro a un total de 22 particulares y empresas de recibos atrasados que en algunos casos se remontan al año 2010. En ellos se facturan importes que van desde una media de 45 euros al trimestre, en el caso de los inmuebles de uso doméstico, hasta los 900 euros que se llegó a liquidar a una empresa por atrasos. Algunos de estos recibos no solo incluyen consumos de agua, sino también el canon de saneamiento de la Xunta, así como la tasa por la recogida de basuras.
El decreto refleja en la mayoría de los casos que los inspectores municipales del servicio de Aguas detectaron consumos en los contadores de los inmuebles, a pesar de que no estaban dados de alta. También hay recibos que se pasan al cobro a algunos propietarios que sí tenían autorizado el contador a partir de una fecha, pero a quienes se les reclaman cantidades por consumos anteriores al alta.
Sin embargo, los casos más llamativos que aparecen en este decreto se corresponden con empresas o particulares que supuestamente habrían manipulado los precintos del contador para utilizar la traída sin dar de alta el servicio. Es el caso de un inmueble de la Rúa Santo Graal a cuyo propietario se le facturan los recibos desde el último trimestre del año 2014 -cuando el Concello procedió a cortar el suministro de agua- hasta el primer trimestre de este año, con una media 80 euros cada recibo.
Esta misma situación se detectó también en una nave en el polígono industrial de O Ceao en la que, tras la inspección, el Concello decidió facturar a la empresa propietaria 916 euros por tres trimestres del año 2015 en los que estuvo el contador sin precinto y sin dar de alta.
El Concello factura consumos estimativos cuando detecta que no hay contador o que el instalado está estropeado
A otra empresa de este polígono que tiene tres naves en propiedad también se le reclaman los consumos que registraron los contadores sin estar dados de alta desde el año 2013. La facturación remitida oscila entre los 300 y 400 euros de cada recibo, por lo que la deuda total que se reclama ronda los 9.000 euros.
RECIBOS DE SIETE AÑOS. El decreto también ordena el cobro de recibos atrasados por un importe medio de 80 euros y desde hace siete años en un domicilio de la Rampa de Claudio López. Como quiera que a los cuatro años prescribe la deuda si no se liquida, el Concello remite los recibos correspondientes hasta 2014, así como los siguientes hasta 2017, en los que introduce consumos estimativos porque se asegura que desde 2014 los empleados que hacen las lecturas no pueden acceder al domicilio.
En otro caso, la estimación del consumo se realiza desde el Concello porque no existe contador, como ocurre en una casa de la Rúa Río Eume en la que el agua del segundo piso se habría suministrado a través del primero, donde residen familiares del propietario. Tras detectar los inspectores que esa vivienda está habitada, en el decreto no se ordena el cobro de los consumos, porque ya habrían sido facturados en el primer piso, pero sí las cuotas trimestrales del agua y el saneamiento, así como la tasa de basura correspondiente a una vivienda. Por ello, se le pasa al cobro una única liquidación de 622 euros por cuatro años.
En otro caso, la reclamación de la deuda por parte del Concello llega después de haberse detectado en un local comercial de la Ronda da Muralla que el contador llevaría estropeado desde 2013, a pesar de lo cual la incidencia no fue comunicada al servicio de aguas. Como quiera que el negocio registra actividad, desde el Concello se realiza una facturación estimativa en base a consumos anteriores a razón de 290 euros cada semestre. En estos casos, cuando un contador se estropea, el propietario del inmueble está obligado a cambiarlo y comunicar al Concello la instalación del nuevo.
