Los tres grupos de la oposición en el Parlamento gallego —En Marea, PSdG y BNG— han pedido este viernes la comparecencia urgente del conselleiro de Educación, Román Rodríguez, para explicar el motivo de que "un día antes de la finalización del curso escolar" su departamento haya anunciado el cierre de cuatro centros en toda Galicia "sin justificación" y alegando "falta de alumnado".
Los grupos de la oposición, que han registrado la petición esta mañana, censura estos cierres y muestran su apoyo a todos los centros afectados por esta decisión unilateral de cierre.
Se trata de los centros CEIP Emilio Novarqüés (Outes), CPI Monte Caxado (As Pontes), CEIP de la Ribeira (O Porriño), que recibieron la comunicación por parte de la Xunta, mientras que el centro CPI Tomás de Lemos (Ribadavia) cerrará la ESO y diez puestos docentes.
Olalla Rodil: "Esta decisión supone un ejemplo más de la política educativa del PP marcada por los recortes de centros y de personal"
El portavoz de En Marea, Luís Villares, ha censurado que la Xunta realice estas actuaciones de "espaldas" a la comunidad educativa para que los padres no puedan organizarse. Además, ha criticado que se tomen estas decisiones en entornos rurales y se ha cuestionado si es la forma en la que la Xunta les dice a la gente "que se marche del rural".
El líder de En Marea ha asegurado que su formación "no consentirá el cierre de estos colegios" ni que los alumnos queden sin la escolarización de la misma forma que la han tenido durante este curso.
En el mismo sentido, el portavoz de Educación del Grupo socialista, Luis Álvarez, ha cargado contra la "decisión unilateral" del Ejecutivo autonómico, que escondió esta decisión "gravísima, que afecta a cientos de familias".
Ha recordado además que el titular de Educación compareció esta misma semana en el pleno del Parlamento, a petición propia, con una intervención en la que "ni siquiera tuvo a bien mencionar" este hecho.
De igual forma, la portavoz parlamentaria de Educación del BNG, Olalla Rodil, ha explicado que la Xunta no negoció "con ninguna de las partes afectadas, —Anpas, docentes y organizaciones sindicales—, ni informó de la decisión hasta la víspera del fin de curso". Esta decisión supone "un ejemplo más de la política educativa del PP marcada por los recortes de centros y de personal en la educación pública, mientras reserva 1.550 millones de euros a la privado-concertada", afirma Rodil.
En este sentido, ha insistido en que la decisión es "absolutamente inadmisible, tanto en el fondo como en la forma".
