El incendio provocado el pasado jueves en O Garañón por un indigente que encendió una fogata evidencia, por una parte, que este esqueleto de ladrillo se ha convertido en un ejemplo más de la okupación que está sufriendo el parque inmobiliario vacío de la capital lucense y, por otra parte, sus laxas medidas de seguridad, lo que le está yendo al bolsillo en forma de multas al promotor.
Esta vez fueron los vecinos los que dieron la voz de alarma cuando contemplaron una nube de humo sobre la cubierta del edificio.
Esta no es la primera vez que O Garañón es okupado. Aunque sí parece que este ha sido el allanamiento más prolongado, ya que su morador, que se ocultó en un contenedor de basura cuando se percató de la presencia de los agentes de la Policía Local y los bomberos, disponía incluso de una cocina de gas.
Entrada
Los okupas y los menores que hacen selfis en la última planta acceden por una puerta metálica que ha sido forzada
Sanciones
El Concello le ha impuesto al promotor una multa de 1.000 euros y en las próximas semanas le comunicará otra de 2.000
Sentencia
El gobierno local está elaborando los decretos para demoler las torres y reponer el entorno a su estado original
El episodio anterior, que se conozca, data de mayo. Entonces una patrulla de la Policía Local, alertada también por los vecinos que durante la noche veían luces en una de las torres, desalojó a un matrimonio de vagabundos que, según le explicó, buscó cobijo porque no tenía en donde pasar la noche.
Los okupas acceden a la torre que está menos desnuda tras forzar la puerta metálica, que la propiedad colocó para impedir que se cuelen infractores, sin éxito. Esa entrada está señalizada por una gran pintada, con el mensaje en inglés 'free love' ('amor libre'), que invita a dar el paso.
El año pasado la Policía Local también tuvo que intervenir en dos ocasiones por el allanamiento de estas torres que dan sombra al parque Rosalía de Castro, según dio a conocer el equipo de gobierno municipal a preguntas de la oposición.
Las visitas a O Garañón para extinguir incendios se ha convertido en una de las intervenciones periódicas de los bomberos, como la frecuente quema de neumáticos en O Carqueixo.
MULTAS. Mientras se suceden los casos de allanamiento, bien de okupas, bien de menores que se suben temerariamente a la última planta para hacerse selfis que cuelgan en las redes sociales, el gobierno local tiene encima de la mesa un nuevo decreto para sancionar al promotor.
El motivo es que este empresario sigue incumpliendo dos de las medidas de seguridad que le exigió el Concello, el vallado perimetral de la urbanización y la limpieza de la maleza y del material en desuso que se acumula en la parcela, que agravarían el peligro en caso de que fuesen pasto de las llamas.
Será la segunda sanción coercitiva que el Concello de Lugo le impondrá a este empresario. Su importe será probablemente el doble que el de la primera. En marzo le castigó con 1.000 euros, que es la cuantía mínima.
Las multas que le puede imponer van desde los 1.000 hasta los 10.000 euros. En la práctica, cuando el infractor es reincidente, el gobierno local suele ir duplicando el importe de cada sanción con respecto a la anterior.
El promotor sí cumplió con los otros tres requisitos que estableció el Ayuntamiento hace casi dos años, tapió las plantas bajas y retiró tanto las casetas de obra como la grúa torre —esta hace un año—.
REPOSICIÓN. La notificación de esta segunda sanción no es el único documento que tiene pendiente encima de la mesa el gobierno local. También está elaborando los decretos para la reposición de la legalidad urbanística con el propósito de que cumplir la sentencia judicial que le obliga a derribar las torres y acondicionar su entorno como estaba antes de que en 2007 se diese el primer paso de la urbanización con el movimiento de tierras. El gobierno local, que rehusó seguir pleiteando, tiene previsto consignar una primera partida de 300.000 euros.
Está pendiente también de que la Xunta le responda cómo podrá encajar normativamente la urbanización de la parcela, a lo que tiene derecho el promotor, después de la demolición.
O Garañón, una obra que fue autorizada en 2005 por el gobierno que encabezaba José López Orozco y con José Ramón Gómez Besteiro como concejal de urbanismo —ambos imputados en el proceso judicial por este asunto—, está a punto de cumplir siete años desde que la magistrada Pilar de Lara ordenó paralizar sus obras.
