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La Xunta supedita el cambio de modelo de los parques de bomberos a que las diputaciones se comprometan a asumir todos los costes

Darío Campos critica la negativa del Gobierno autonómico a equiparar los salarios de los bomberos lucenses con los de Ourense

Reunión entre el Vicepresidente de la Xunta y representantes de las diputaciones de A Coruña, Lugo y Pontevedra. EP

Reunión entre el Vicepresidente de la Xunta y representantes de las diputaciones de A Coruña, Lugo y Pontevedra. EP

El vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha mantenido este jueves un encuentro con los representantes de las diputaciones de A Coruña, Lugo y Pontevedra, a los que ha propuesto un acuerdo para poder iniciar de inmediato el proceso de cambio del modelo de gestión de los parques comarcales de bomberos, una cuestión que pasaría porque las instituciones provinciales aprobasen en pleno las condiciones exigidas por la Xunta.

Los responsables de estas administraciones han mantenido así un encuentro en el que se da continuidad a las conversaciones iniciadas en enero de 2016, en las que las diputaciones de A Coruña, Lugo y Pontevedra reclamaron que el modelo actual de gestión indirecta cambiase a otro de gestión directa.

Para poder llevar adelante este proceso, ha indicado Alfonso Rueda, la Xunta exige a las diputaciones que garanticen el futuro de los trabajadores o asumiesen los costes de posibles indemnizaciones, así como que, manteniendo la eficacia del servicio, no se incrementen los costes o este incremento sea asumido por las administraciones provinciales.

Alfonso Rueda ha lamentado que el "único" documento aportado por las diputaciones "reconozca que parte del personal de los parques será despedido" y no valora si la gestión directa será más eficiente, sino que apunta que se debe llevar a cabo un análisis más específico al respecto.

El texto aprobado por las diputaciones, ha apuntado el vicepresidente, dice que, de pasarse a la gestión directa, "surgiría la obligación de crear las plazas necesarias" y de "amortizar las que ya no se precisasen", así como de "cubrirlas por el procedimiento correspondiente", por lo que los que logren plaza en este proceso "entran en la administración sin antigüedad", mientras que los que no la consigan "deberán ser despedidos".

Ante esta situación, Rueda ha trasladado a los representantes de las diputaciones que es necesario "arreglar definitivamente" esta cuestión y les ha dicho que está dispuesto a iniciar el proceso de cambio si los plenos provinciales aprueban de forma oficial las condiciones de la Xunta.

RESPUESTA DE LAS DIPUTACIONES. En declaraciones a los medios, el presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso, ha reiterado la "viabilidad técnica" de este proceso y ha recordado que el caso de A Coruña es el que presenta una mayor "urgencia", dado que es la provincia en la que antes concluye la actual concesión.

Por ello, el organismo provincial convocará "cuanto antes" un pleno extraordinario para crear la comisión técnica que exige el procedimiento de cambio del modelo de gestión para su inicio. "Queremos que los plazos sean lo más breves posible", ha dicho.

Por su parte, el presidente de la Diputación de Lugo, Darío Campos, ha recordado la importancia de introducir en el debate la reclamación de los bomberos de esta provincia de lograr una equiparación salarial con los de Ourense. Propuesta a la que la Xunta se negó, según informó la Diputación a través de un comunicado: "Rueda rechazó completamente la posibilidad de aportar los 330.000 euros que le corresponden a la Xunta por participar al 50% en el Consorcio Provincial de Bombeiros de Lugo, y que el Gobierno de la Diputación ya tiene comprometidos en el presupuesto de 2017".


Finalmente, el diputado de Economía de la Diputación de Pontevedra, Carlos López Font, ha condicionado el cambio de modelo a abordar primero el mapa de emergencias. En concreto, ha criticado que la Xunta busque que se firme primero este acuerdo y que, "posteriormente, se aborden temas que inquietan" a la Diputación de Pontevedra, como es el caso de este mapa.

"Pedimos y creemos que es de justicia que se convoque la comisión —para analizar el plan de emergencias— de inmediato", ha dicho López Font, que también ha recordado que el caso de la provincia de Pontevedra es diferente, dado que la concesión no termina hasta 2021 y no es posible "asumir" los costes de rescisión anticipada en este momento.

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