El 80% de los delitos cibernéticos en Lugo son de carácter económico

Las estafas por robo de datos de tarjetas de crédito suponen el grueso del total, seguidas de los engaños en compraventa en internet ►La ciberdelincuencia en la provincia va en aumento: en 2016 hubo 562 casos, mientras que en la primera mitad de 2017 ya hay 337
Unidad de la Policía
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Los delitos cometidos a través de internet y de las redes sociales mantienen una progresión constante en todo el mundo, también en Lugo. Se trata, sin embargo, de una provincia que prácticamente lo único que suma a las estadísticas oficiales son víctimas, ya que los ciberdelincuentes locales son pocos y de escasa relevancia.

En estas circunstancias, los datos reflejan que alrededor del 80 por ciento de las denuncias relacionadas con la ciberdelincuencia en la provincia son de carácter económico, es decir, estafas. Y entre estas, destacan notablemente por su número las relacionadas con el uso de tarjetas de crédito cuyos datos han sido robados. Le siguen en cantidad e importancia los engaños en las compraventas por internet entre particulares y, tras ellas, las estafas bancarias.


José Luis Álvarez Fiscal, especialista: "Las estafas en internet son muy fáciles de cometer pero difíciles de perseguir por su escasa entidad" 

Se trata, en todo caso, de un tipo de delito que va en alza. Entre Guardia Civil y Policía Nacional investigaron el año pasado 562 ciberdelitos, mientras que los primeros seis meses de 2017 ya han contabilizado 337, una progresión que apunta a que se finalizará el año muy por encima de los 600.

Los principales responsables de la lucha contra el cibercrimen en la provincia son las respectivas unidades especializadas en delitos informáticos de la Policía Nacional y la Guardia Civil y el fiscal delegado para estos asuntos, José Luis Álvarez García. Los análisis son coincidentes a la hora de situar la estafa como principal problema y el problema de jurisdicción, como el escollo más difícil de superar a la hora de investigar y de llevar a un acusado a juicio.

Lo resume Moisés Fernández Pacheco, jefe de la unidad especializada de la Policía Nacional en Lugo: "Cuando se trata delitos cometidos en España, tenemos un porcentaje muy importante de delitos resueltos, no hay un nivel de impunidad alto. El problema es que en la mayor parte de las ocasiones los responsables de las redes están delinquiendo desde terceros países. De hecho, la mayor parte del dinero estafado por las redes internacionales va o a Reino Unido, cuyas autoridades económicas colaboran bastante poco, o a países del Este y de la antigua Unión Soviética. Y gran parte de los servidores de la deep web están en países de la Federación Rusa, y ahí ya te puedes olvidar".

Este inspector, licenciado además en Económicas, reconoce que ni siquiera cuando se sigue la pista hasta países de nuestro entorno o de la propia Unión Europea es fácil, "porque casi ninguna de esas estafas tiene el nivel de gravedad suficiente como para que las autoridades de esos países se impliquen".

Ante la dificultad de llegar al escalón más alto de la banda, el grueso de los detenidos y condenados se concentra en las mulas e intermediarios, las personas que estas redes utilizan sobre el terreno para convertir en efectivo el dinero que logran estafar en la red. "Sigue habiendo mucha gente que pica", comenta Moisés Fernández, "incluso en Lugo seguimos teniendo casos. Son personas a las que llega un correo con una supuesta oferta de empleo de una empresa, les piden un número de cuenta para ingresar dinero y luego les piden que manden parte de ese dinero por Western Unión u otro servicio a, por ejemplo, una persona que está en Kiev. Será muy difícil pillar a ese, pero al de aquí que ha hecho de ‘mula’ la Fiscalía lo va a procesar por blanqueo de capitales. Y aunque no llegue a ser procesado penalmente, desde luego la responsabilidad civil está ahí: el dinero ha ido a tu cuenta y tú lo has enviado a Ucrania, y cuando llegue a juicio tienes que devolver el total".



"Acceder al usuario de una dirección IP debería ser más fácil, como si fuera la matrícula de un coche o un teléfono fijo"

Los intermediarios, por su parte, se encargan de vender a precios más bajos los productos y servicios que la banda ha adquirido en internet con las tarjetas de crédito robadas. Vale cualquier producto, aunque entre los más habituales se cuentan los billetes de avión y la tecnología.

Casi tan frecuentes, pero aún más simples para delincuente, son las estafas en la compraventa entre particulares, en cualquiera de los cientos de páginas web que se dedican a intermediar. Tan fácil como publicar un anuncio ofreciendo un producto, cobrar por adelantado y no enviarlo.

Y es que "se trata de delitos muy sencillos de cometer", reconoce el fiscal José Luis Álvarez, enlace en Lugo con la sala especializada de la Fiscalía General del Estado. Para la Fiscalía, además de los ya señalados a la hora de la investigación, se añade un problema más en su misión de buscar la condena del sospechoso: "Aunque nosotros partamos de una única denuncia en Lugo", señala este fiscal, "en la mayoría de los casos no se trata de una sola estafa, sino que suele haber muchas víctimas y cada una de un lugar. Si se tratan una a una, suelen ser delitos leves que conllevan penas ridículas, así que tenemos que coordinarnos y acumular las suficientes como para se instruya como un delito continuado, no como un delito leve. El problema es convencer de esto al juez de instrucción, de que no es una simple falta, sino que hay indicios de que son estafas múltiples y que hay que acumularlas".

Esa labor de coordinación es la que se trata de realizar desde la Fiscalía especializada de Madrid, que cuenta con un sistema de enlace con los diferentes cuerpos y fuerzas de seguridad de todo el país.

Tampoco tienen fácil muchas veces conseguir que el juez de instrucción ordene a una compañía identificar la dirección IP del ordenador desde el que se ha cometido el delito, que en estos asuntos es la clave. Álvarez opina que, del mismo modo que es sencillo saber de quién es la matrícula de un coche o a nombre de quién está un teléfono fijo, el simple de hecho de identificar la dirección IP no debería contar con las prevenciones legales actuales, lo que agilizaría notablemente la investigación.

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