La exfiscal general venezolana está "bajo protección" de Colombia

Luisa Ortega fue destituida del cargo por la Asamblea Nacional Constituyente, acusada de haber cometido "actos inmorales"
Luisa Ortega
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El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, dijo este lunes que la exfiscal venezolana Luisa Ortega, que llegó el pasado viernes a Bogotá con su esposo, el diputado chavista Germán Ferrer, "se encuentra bajo protección" de su Gobierno. "La fiscal Luisa Ortega se encuentra bajo protección del Gobierno colombiano. Si pide asilo se lo otorgaremos", agregó el jefe de Estado, en un mensaje difundido en la red social Twitter.

El Gobierno colombiano ha mantenido bajo estricto hermetismo el caso de Ortega, quien fue destituida del cargo el 5 de agosto por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) de su país, que la acusó de haber cometido "actos inmorales".

La exfuncionaria, vinculada al chavismo pero distanciada en los últimos meses del Gobierno de Nicolás Maduro, denunció la ruptura del orden constitucional en su país tras dos sentencias del Supremo que le quitaban competencias al Parlamento y limitaban la inmunidad de los diputados. Pero además criticó como jefa del Ministerio Público la actuación de la fuerza pública para contener las protestas contra Maduro, que en cuatro meses dejaron más de un centenar de muertos, cerca de 2.000 heridos y alrededor de 5.000 arrestos.

Su sucesor, Tarek William Saab, también vinculado al chavismo, acusó a Ortega el pasado 17 de agosto de ser la "autora intelectual" de todas las muertes ocurridas durante la ola de protestas que se desató en abril pasado en Venezuela contra el Gobierno de Maduro y tras las sentencias del Supremo contra el Parlamento.

Ortega llegó el pasado viernes al aeropuerto El Dorado desde Aruba tras una travesía, que, según versiones de prensa, inició en Caracas, prosiguió en las costas de la península de Paraguaná, en el noroeste de su país, desde donde viajó en lancha hasta la isla caribeña.

La ANC también decidió retirarle el jueves pasado la inmunidad parlamentaria a Ferrer por estar supuestamente vinculado a una red de extorsión. Los delitos que se le atribuyen a Ferrer se sustentan en los comprobantes de apertura de una cuenta por varios millones de dólares en un banco internacional, unos documentos con la supuesta rúbrica del diputado.

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