Propiedad versus derecho a la vivienda

En la legislación de muchos países europeos se percibe un difícil equilibrio entre el derecho a la vivienda y el derecho a la propiedad. Así, mientras en la mayoría de los casos se protege los bienes inmobiliarios de la usurpación y se establecen procedimientos rápidos para su recuperación, también se implantan penalizaciones fiscales e incluso medidas más drásticas, como la incautación de bienes inmuebles, para evitar las bolsas de viviendas vacías y estimular el mercado inmobiliario.

Francia ▶ Cambió la ley por la usurpación a una anciana
En Francia, hasta 2015 si el propietario descubría la presencia de okupas en las 48 horas siguientes a la entrada en la propiedad podía llamar a la Policía para que los echara. A su vez, los okupas se afanaban por obtener pruebas que demostraran que habían superado ese periodo de vulnerabilidad, por ejemplo formalizando un contrato de suministro eléctrico o enviando cartas a esa dirección. Tras ese tiempo crítico, los propietarios debían iniciar un proceso judicial para reclamar su propiedad y echarlos.

Sin embargo, en 2015 se aprobó una ley que permite a la policía intervenir independientemente del tiempo que haya transcurrido desde la entrada en la casa. El nuevo procedimiento establece que un agente judicial debe confirmar que efectivamente ha habido una violación del domicilio. Una vez hecha la comprobación, el juez puede ordenar a los okupas que se vayan y, si no lo hacen en 24 horas, se organiza el desahucio forzoso. Los okupas pueden tener penas de prisión de hasta un año y multas de hasta 15.000 euros.

El cambio legislativo se llevó a cabo a partir del caso de una anciana de 80 años en Rennes que se quedó sin casa porque fue ocupada ilegalmente por intrusos. Sin embargo, desde entonces ha habido interpretaciones de la ley que apuntan que este procedimiento expeditivo solo se puede aplicar en el caso de la primera vivienda, dado que se refiere al domicilio, y que los propietarios de segundas viviendas tendrían que recurrir a la vía judicial, más costosa y larga.

Por otra parte, la ley francesa impone tasas sobre las viviendas desocupadas durante más de dos meses en el caso de que pertenezcan a personas jurídicas. Además, también se contempla que las viviendas que permanezcan vacías más de 18 meses puedan ser requisadas por la Administración hasta seis años, aunque pueden llegar a 12 si es necesario hacer obras importantes de rehabilitación.

Reino Unido ▶ Medidas más duras en Gales e Inglaterra
En el Reino Unido la okupación de viviendas se afronta de distinta forma en las naciones que lo componen. En Escocia es ilegal desde mediados del siglo XIX y el propietario tiene derecho a expulsar a los intrusos sin previo aviso y sin pedir una orden desahucio al juzgado.

En Gales e Inglaterra se modificó la ley en 2012 y okupar propiedades residenciales se considera un delito penal. Los propietarios tienen que acudir a un juzgado para demostrar que los okupas han violado su propiedad antes de que puedan ser desahuciados. Sin embargo, si alguien es expulsado de su vivienda por intrusos puede forzar la puerta y exigirles que se vayan. Si se niegan, debe acudir a la Policía, que podrá tomar medidas tales como entrar a través de las ventanas.

La diferencia fundamental que introduce el nuevo procedimiento es que acelera la expulsión de los okupas de viviendas residenciales vacías, como segundas viviendas o casas en alquiler. Por primera vez, la Policía tiene potestad para entrar en un edificio si existen sospechas de que ha sido okupado y sacar a los okupas. El delito está penado con hasta seis meses de cárcel y una multa de hasta 5.000 libras o ambas cosas.

En el caso de propiedades no residenciales, se mantiene lo que se llama derecho de ocupación, que supone que la persona que ocupa la tierra de forma continua durante diez años puede reclamar su propiedad. Al mismo tiempo, en el Reino Unido se contempla la posibilidad de que las propiedades inmobiliarias puedan ser incautadas por la Administración si han permanecido desocupadas durante seis meses con el fin de ofrecer viviendas sociales. Además, existe una penalización fiscal para las viviendas vacías.

Holanda ► Prohibida desde 2010 la okupación de edificios vacíos
En Holanda, el movimiento okupa tiene una larga tradición, enraizado en la lucha contra la especulación y la falta de vivienda. Anteriomente, la ley establecía que un edificio podía ser ocupado, aunque no por la fuerza, si había estado vacío durante dos años años y las segundas viviendas quedaban protegidas si se usaban una vez al año. Los okupas tenían que avisar a las autoridades de la okupación, probar que el edificio estaba deshabitado y meter una cama, una silla, una mesa y poner un cerrojo.

Sin embargo, esta práctica se considera delito desde 2010. A partir del cambio legislativo los okupas pueden ir a la cárcel hasta un año (dos si amenazan con violencia o actúan en grupo) y multados con hasta 18.500 euros. Según el diario Cinco Días es suficiente que el propietario denuncie ante la Policía la okupación para que esta pueda personarse con una autorización judicial y desalojarlo.

Por otra parte, la vivienda sigue estando considerada un derecho y protegida por la Constitución, así que mantener vacía una vivienda por pura especulación es ilegal. En 2011, por ejemplo, un juzgado declaró ilegal el desahucio de un grupo de okupas con el fin de proceder a la demolición de un edificio sin que el propietario aportase un plan concreto de uso para el inmueble.

Con el tiempo se han desarrollado acuerdos anti-okupas que reconocen y respetan los derechos de los propietarios al tiempo que asumen la falta de viviendas asequibles. Estos acuerdos establecen que los okupas han de irse cuando el propietario decide vender, alquilar o demoler la propiedad. De este modo, quienes necesitan el espacio disponen de él y el edificio está cuidado y habitado mientras  el propietario no decide qué uso quiere darle.

Italia ► Juicio rápido previo al desalojo del piso
En Italia, la okupación de viviendas es ilegal y a este delito se le pueden sumar otros, como el de defraudación de suministro eléctrico o el de daños, que incrementan las penas, según Cinco Días. El propietario de una vivienda que ha sido okupada debe denunciar ante la Polícía, a lo que sigue un juicio rápido que, si resulta favorable al dueño, da paso al desalojo del piso. «En caso de que la invasión esté en curso y, por lo tanto, haya un crimen flagrante, la policía está obligada a intervenir sin tener que esperar la decisión de un magistrado», informa en el portal La Legge per Tutti.

Portugal ► Pena de hasta dos años y multa de hasta 240 días
El Código Penal portugués establece el delito de usurpación de vivienda en el artículo 215 y establece pena de hasta dos años de cárcel y multa de hasta 240 días para quien utilice la violencia o amenazas para invadir u okupar la propiedad de un tercero. El Código Civil también contempla la posibilidad de reclamar daños. En todo caso, es necesario que haya una sentencia judicial para proceder al desahucio. El primer paso consiste en que el propietario denuncie la usurpación, pero el proceso puede durar un año.

Dinamarca ► Basta demostrar la propiedad ante la Policía
La capital danesa, Copenhague, tiene una de las zonas okupadas más antiguas y simbólicas de Europa, Christiania, creada los años 70, cuando fueron tomados unos barracones del ejército . En la actualidad se ha convertido en una zona casi autónoma dentro de la capital, además de un atractivo turístico. Sin embargo, las leyes danesas no son proclives a la okupación. Es suficiente con ir a la Policía y demostrar que se tiene la propiedad legítima para desaolojar una casa, apunta Cinco Días. A su vez, el país tiene medidas para evitar que las viviendas permanezcan deshabitadas largos períodos y se han establecido multas para estos casos. Los propietarios tienen la obligación de informar al Ayuntamiento de que no hay inquilinos y no hacerlo puede suponer de por sí una multa.