El Gobierno ha recurrido al Tribunal Constitucional (TC) todas las resoluciones adoptadas por el Parlament de Cataluña y la Generalitat para celebrar el referéndum soberanista del 1 de octubre, según ha anunciado este jueves el jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy. El Tribunal ya ha admitido a trámite por unanimidad el incidente de ejecución de sentencia presentado por el Gobierno.
En rueda de prensa tras el Consejo de Ministros y acompañado de todo el Gobierno, Rajoy ha explicado además que el Ejecutivo pide al Constitucional la nulidad de todos estos actos y suspensión inmediata a la espera de sentencia.
El Gobierno recurre así la ley del referéndum aprobada por el Parlament con los votos de los independentistas, el decreto de convocatoria de la consulta y las normas complementarias que lo acompañan, y la resolución de la Cámara catalana por la que se ha designado a cinco miembros de la Sindicatura Electoral.
Rajoy ha explicado en su comparecencia que el Ejecutivo también ha pedido que se notifique "personalmente" la suspensión de estas normas al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, a todo su gobierno y a los principales cargos e la Generalitat relacionados con estas decisiones.
También pide que se notifique la suspensión a todos los alcaldes de los municipios catalanes y se les advierta de "su deber de impedir o paralizar" cualquier iniciativa tendente a la organización del referéndum".
Las decisiones tomadas este jueves, ha añadido, se unen a las muchas otras adoptadas en los últimos tiempos para impedir la realización de este referéndum ilegal.
Asimsimo, ha advertido al Gobierno de Cataluña de que "lo que no es legal, no es democrático" y ha garantizado que el Ejecutivo central defenderá el "imperio de la ley", que es además la "garantía" de la convivencia democrática y la libertad.
RESPUESTA DEL TC. El pleno del Tribunal Constitucional ya ha admitido a trámite por unanimidad el incidente de ejecución de sentencia presentado por el Gobierno contra los primeros acuerdos adoptados por el Parlament que permitieron la tramitación de la ley del referéndum, que posteriormente aprobó la cámara catalana.
Fuentes del tribunal han informado a Efe de que el Pleno se reunirá de nuevo esta tarde, en esta ocasión de forma extraordinaria, para estudiar los recursos que el Ejecutivo ha registrado hoy contra esa ley y la convocatoria del referéndum del 1 de octubre, además de contra otras decisiones adoptadas por el Parlament y el Gobierno de la Generalitat.
En cuanto el TC admita a trámite esos recursos, procederá de forma automática a su suspensión cautelar, como determina la Constitución.
Tras cuatro horas de reunión, los magistrados han acordado en una providencia iniciar la tramitación del incidente de ejecución, aunque eso no supone la suspensión inmediata de los actos impugnados.
Como primer paso, el tribunal ha dado traslado a la Fiscalía y al Parlament de las peticiones formuladas por el Gobierno central y les concede un plazo de tres días para que formulen las alegaciones que estimen convenientes.
Del mismo modo, el Pleno acuerda la personación en este incidente de ejecución de la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, si bien la limita "a los solos efectos de que en este incidente pueda defender sus derechos e intereses legítimos a título particular, sin perjuicio de la personación del Parlamento de Cataluña a través de sus servicios jurídicos".
El incidente de ejecución pide anular y "dejar sin efecto jurídico alguno" los acuerdos aprobados en la mañana de ayer por el Parlament y deducir testimonio a los cinco miembros de la Mesa que permitieron la tramitación de la ley, impulsada por Junts pel Sí y la CUP.
Estos acuerdos son la admisión a trámite de la proposición de Ley del Referéndum y la desestimación de las peticiones de reconsideración formuladas por los grupos de la oposición, ambos adoptados por la Mesa del Parlament.
Y también el aprobado por el Pleno de la cámara catalana por el que se introduce en el orden del día del pleno el debate y votación de la norma, así como el acuerdo por el que se suprimen los trámites esenciales del procedimiento legislativo en su tramitación.
Además, el Ejecutivo pide en un último apartado la anulación de "todos los actos subsiguientes de tramitación del procedimiento".
El Gobierno solicitó ayer al tribunal que acordara la tramitación "preferente y urgente" del incidente de ejecución para evitar que el Parlament votara una ley que constituye, afirma, un "burdo y grotesco ataque a la Constitución" y al propio TC.
Pero el Constitucional fijó su reunión para esta mañana, por lo que, tras la presentación del incidente, el pleno del Parlament aprobó la ley del referéndum, el Govern de la Generalitat lo convocó para el 1 de octubre, se eligió a los miembros de la Sindicatura electoral y se tomó en consideración la ley de transitoriedad jurídica.
