El fiscal pide cinco años para Liñares y García-Gesto por blanqueo

La Fiscalía ha presentado ya escrito de acusación en una de las piezas separadas de la operación Pokemon, la primera que llegará a juicio. Se trata de una investigación por blanqueo de capitales contra Francisco Fernández Liñares y el que era su socio, Miguel García-Gesto Fraga, que se enfrentan a sendas penas de cinco años de prisión.

Ambos habían sido detenidos y enviados a prisión preventiva en el inicio de la operación dirigida por la titular del juzgado de instrucción 1 de Lugo, Pilar de Lara. La investigación estaba centrada en las actividades del exconcejal del Concello lucense y expresidente de la Confederación Hidrográfica del Miño. Durante la investigación, todavía activa, fueron imputados decenas de funcionarios, empresarios y políticos de administraciones de toda España, lo que dio lugar a la formación de piezas separadas.

Es una de ellas la que ahora se aproxima a su final judicial con Liñares y García-Gesto como acusados. Según recoge la Fiscalía en su escrito, "desde el año 1999 hasta 2008, ejerciendo como delegado de servicios públicos, policía y seguridad ciudadana, de economía, empleo y zona rural, y de urbanismo y zona rural", Fernández Liñares "aprovechándose de su cargo, personalmente o a través de terceras personas, tejió una red de intereses económicos concediendo contratos, puestos de trabajo o bien la gestión de servicios públicos a entidades en las que el acusado estaba interesado, a cambio de sobornos o cantidades periódicas con las que incrementó notablemente su patrimonio".

"La misma práctica de recibir sobornos de los concesionarios de obras", prosigue el escrito, la continuó cuando fue nombrado presidente de la CHMS, cargo que ocupó entre enero de 2009 y febrero de 2012. El ministerio público recuerda que "el mismo acusado ha cifrado el importe del dinero recibido en sobornos en la cantidad de 300.000 euros, si bien la cantidad exacta no se puede fijar sin margen de error, cantidad que fue destinada a la compra de bienes inmuebles, antigüedades e inversiones en sociedades".

Tras hacer un repaso por varios de los contratos bajo sospecha, la Fiscalía llega hasta Miguel García-Gesto, administrador único de Artenosa Publicidade, firma que gestionaba el contrato de la publicidad de los buses urbanos de Lugo. Este "mantenía frecuente trato y amistad con Liñares, y a sabiendas de origen ilícito de sus ingresos se benefició y participó en el blanqueo de los mismos".

MILES DE EUROS EN EFECTIVO. Así, y haciendo alusión a lo recogido en otra de las piezas de la Pokemon en la que ambos están también imputados, detalla cómo Liñares, "con la finalidad de ocultar el origen ilícito de sus ganancias", realiza diversos ingresos y pagos al contado a García-Gesto a cambio de acciones de Artenosa.

Entre ellos, cita un primer ingreso de 138.000 euros para participar en la ampliación de capital de la empresa, de los que al menos 38.000 procederían de los sobornos que recibía Liñares.

Del mismo modo, refleja cómo "Liñares entregó a Miguel García-Gesto 275.000 euros para la compra de acciones", de los cuales se pagan en efectivo 244.000, "que provenían de las cantidades que ilegalmente había recibido procedente de empresarios y sociedades a cambio de la adjudicación de diferentes contratos públicos... de los que, con las finalidad de ocultar o encubrir, y a sabiendas de su origen ilícito, Miguel García-Gesto ingresó, también en efectivo, la cantidad de 182.000, haciéndolos pasar como suyos en la cuenta que éste tenía en la entidad Novagalicia Banco y que después transfirió, junto con otras cantidades, a una cuenta de Artenosa". La Fiscalía cree que existe un delito de blanqueo de capitales y pide cinco años de prisión para cada uno.