Los países de la Unión Europea no lograron cerrar un acuerdo para aprobar la nueva directiva comunitaria sobre inmigración que endurece las medidas contra la estancia irregular y facilita las repatriaciones, curiosamente porque algunos países la consideran blanda.
Los embajadores de los 27 países comunitarios debatieron el texto, pero aplazaron la decisión hasta la sesión prevista para la próxima semana, según indicaron fuentes diplomáticas.
El debate del texto ha dividido a los asistentes, puesto que partidos liberales respaldaron el texto, mientras que socialistas y comunistas se opusieron a la directiva.
Sin embargo, el debate ha terminado sin acuerdo no por el rechazo de los gobiernos de izquierdas, sino porque para algunos ejecutivos, la directiva comunitaria carece de la dureza suficiente para combatir la inmigración irregular.
Más dureza
Once de los 27 países comunitarios rechazaron el texto acordado por la presidencia con representantes del Parlamento Europeo, diez de ellos porque querían endurecer algunas de las medidas del proyecto de directiva, que establece un período máximo de retención de seis meses, ampliables a 18 meses en casos excepcionales.
Alemania, Francia e Italia se alinearon con los países contrarios, lo que hizo imposible sumar la mayoría cualificada necesaria para respaldar la legislación, según indicaron fuentes comunitarias. Otros gobiernos se han opuesto a asumir la asistencia jurídica a los inmigrantes sin papeles.
Ante las fuertes diferencias manifestadas en el debate, la presidencia de turno eslovena señaló que estudiará cómo avanzar en esta directiva, que está en discusión desde hace casi tres años.
Postura española
España formó parte del grupo dispuesto a sacar adelante el compromiso, confirmando que su discurso sobre inmigración se ha endurecido durante las últimas semanas.
Durante la campaña electoral, el PSOE tachó de xenófobas varias declaraciones y propuestas del Partido Popular, entre ellas el famoso 'contrato de integración' que los populare proponían para los inmigrantes.
En cambio, no parece haber problema para apoyar una directiva que propone aumentar a 18 meses la detención de personas que no posean los papeles en regla, reduce la burocracia de las expulsiones y contempla el internamiento de menores inmigrantes no acompañados.
Manifestación
Durante el debate del texto, unas 300 personas, entre ellas diputados de Los Verdes e Izquierda Unitaria Europea (IUE) y miembros de organizaciones inmigrantes, se manifestaron ante el Parlamento Europeo en contra de la directiva.
La propuesta, que permitiría recluir a los inmigrantes durante un máximo de seis meses, ampliable hasta 18 meses, supone "un retroceso de los derechos y principios en que se fundamenta la Unión Europea", según el eurodiputado de Iniciativa per Catalunya Verds Raúl Romeva.
A su juicio, el proyecto armoniza las legislaciones de los Estados miembros tomando como referente las más restrictivas, en lugar de las que presentan más garantías, por lo que el Gobierno de España, donde la retención máxima es de sólo 40 días, debería presionar para suavizar sus términos durante su tramitación.
Aunque el texto no obliga a los Estados con tiempos de retención menores a seis meses a elevarlos, Romeva alertó que estos países podrían emplear la norma como "coartada" para hacerlo.
07/05/2008
Actualidad